La muerte de una mujer en la ciudad de Cartagena (Murcia), ocurrida ayer, ha elevado a 37 el número de mujeres víctimas de la violencia machista en España, en lo que llevamos de 2017.
En el mismo periodo han muerto en la Provincia de Salta 20 mujeres, con el agravante de que este territorio tiene 46 millones de habitantes, algo así como 35 veces más que Salta.
En toda España se ha producido en 2017 un asesinato de mujeres cada 1.250.000 habitantes, lo cual significa que si en Salta los casos se produjeran con la frecuencia con que se producen en España, la cifra de mujeres muertas por violencia criminal en nuestra Provincia se reduciría a 1,04.
A la inversa, si en España se matara a las mujeres al galopante «ritmo» salteño, este año habrían muerto nada menos que 707 mujeres. Si algo así ocurriera en España, la sociedad estallaría y el gobierno saltaría por los aires en cuestión de pocas horas.
La diferencia no solo es cuantitativa. En España, la muerte de una mujer víctima de la violencia criminal es vivida como una auténtica tragedia y como un claro retroceso social. Lo que llama aún más la atención al observador es que este tipo de sucesos no desencadena -como en Salta- una histeria colectiva paralizante, sino reacciones reflexivas y, por tanto, más eficaces; especialmente por parte de los poderes públicos.
Nadie en España cree que la violencia que mata mujeres tiene componentes «culturales». Al contrario, se la considera un delito grave y, como tal, es objeto de una persecución rigurosa por la Policía y los tribunales de justicia, y de políticas específicas del gobierno para conjurarla.
En Salta, una Provincia que apenas supera el millón trescientos mil habitantes (una cantidad parecida, precisamente, a Murcia) se ha matado en 2007 a una mujer cada 13,65 días, y ello sin que apenas el gobierno provincial haya reaccionado. Lo confirma el incalificable asesinato de Cintia Tapia, en una fiesta juvenil apadrinada por el propio gobierno, no ha sido objeto del más mínimo comentario oficial.
Y si nos seguimos comparando con España, es inevitable observar que en este país las mujeres muertas son en su gran mayoría adultas. Muchas de ellas son, incluso, ancianas. En Salta, por el contrario, la mayoría de las muertas son jóvenes menores de 25 años.
Quiere esto decir que la violencia contra las mujeres en Salta se produce con mayor intensidad en una franja de la población que solo ha conocido a un Gobernador y que ha crecido escuchando el confuso mensaje del gobierno de Juan Manuel Urtubey sobre la violencia de género, lo que demuestra no solamente que las palabras y los juicios del Gobernador han sido y siguen siendo desacertados, sino que sus políticas para combatir este fenómeno lo son mucho más.
Si bien Urtubey no es el único culpable de estas escandalosas cifras, cabe pensar que si el actual Gobernador de Salta llega a convertirse en Presidente de la Nación y desde este cargo repite su discurso y sus errores, la cifra de mujeres muertas por violencia criminal en la Argentina podría superar tranquilamente las 1.000 en un solo año.
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