El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia del gobierno provincial de Salta, a cuyo frente se encuentra desde diciembre pasado la abogada Cintia Pamela Calletti, ha emitido hoy una comunicación de prensa de la que con poco esfuerzo se desprende que la declaración solemne efectuada por el gobierno provincial hace dos años que instaura el estado de emergencia social por violencia de género en Salta fue una medida adoptada solamente para contentar a algunas organizaciones feministas. Como todas las de su tipo, la declaración de emergencia por violencia de género no ha servido para solucionar los problemas que se proponía solucionar sino para calmar algunas conciencias, aunque en este empeño el éxito ha sido parcial y fragmentario.
Tan inútil ha resultado el esfuerzo declamativo del gobierno de Urtubey que al cabo de dos años de vigencia de la declaración, el fenómeno de la violencia contra las mujeres ha cobrado en Salta una fuerza inusual, hasta el punto de que cifras oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el año 2015 colocan a Salta en el tercer lugar entre las provincias argentinas donde se registran más víctimas mortales por este fenómeno cada 100 000 mujeres, solo superada por Santa Cruz y Santa Fe.
Ahora, la ministra Calletti no solo se propone prorrogar la inútil declaración de emergencia sino que ha prometido dar a conocer un balance de gestión, «con miras a la planificación de nuevas acciones en la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género».
En términos un poco más llanos, la intención del gobierno en este terreno, como en otros, no es otra que la de «profundizar» sus políticas (es decir, insistir en lo mismo), disfrazando a las políticas repetidas y fracasadas bajo el siempre ambiguo rótulo de «nuevas acciones».
La declaración de la Ministra de Derechos Humanos y Justicia roza el sarcasmo, porque si bien su gobierno está obligado a rendir cuentas a la ciudadanía de sus actuaciones en esta materia, prometer un «balance de gestión» es casi un detalle humorístico si se tiene en cuenta que gestión no ha habido ninguna.
Incluso antes de la declaración de emergencia, el gobierno provincial de Salta viene actuando a espasmos, sin una idea clara del terreno que pisa y sin recursos para combatir el fenómeno, que no sean, cómo no, la represión pura y dura a través de la policía, los fiscales y los tribunales especializados.
La prórroga de un estado de parálisis administrativa y mental puede constituir un caramelo envenenado para las organizaciones feministas. Representa un alivio para aquellas organizaciones cuyas activistas han sido contratadas a sueldo en el gobierno, pero una amenaza para aquellas que, en lucha por mantener su autonomía y su neutralidad respecto de la batalla política, esperan del gobierno gestos concretos y eficaces, y no declaraciones vacías de contenido.
No se trata de «sumar voces», como dice el gobierno, pues en esta materia, como en la mayoría de aquellas que rozan la esfera de los derechos fundamentales de las personas, el coro de voces puede llegar a ser ensordecedor. Lo que se exige del gobierno es claridad de ideas y actuaciones decisivas que no aparezcan a los ojos de los ciudadanos como parches desesperados que solo intentan salvar a ropa del Gobernador de la Provincia.
En casi ocho meses de gestión al frente del Ministerio y habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, la abogada Calletti no ha conseguido demostrar mayor eficiencia en la materia que su muy cuestionada predecesora, la contadora Marianela Cansino. En este sentido, la falta de recursos y de estrategias de ataque para conjurar este fenómeno que atenaza a la señora Calletti es digna de compasión, más que de crítica.
A estas alturas, parece evidente que la cuestión requiere de un compromiso y una atención más cercana del propio Gobernador de la Provincia, quien pese a la magnitud que ha alcanzado el fenómeno y a la crecida criminalidad contra las mujeres, prefiere dedicar su tiempo y su esfuerzo a su imagen como candidato presidencial en 2019 y no ejercer las responsabilidades que la Constitución le impone.