Las declaraciones de emergencia que periódicamente anuncia el gobierno provincial de Salta solo sirven para calmar a los activistas, pero nunca para solucionar los problemas. Sus prórrogas representan la confirmación de la inutilidad de este tipo de medidas, que, en lugar de ayudar a las personas necesitadas (las víctimas, en este caso), alivian la conciencia de los funcionarios responsables, porque en una gran mayoría de casos les ayudan a patear el problema hacia más adelante.
Hace casi dos años y a raíz de las escandalosas cifras de mujeres maltratadas y asesinadas por sus parejas o exparejas, el gobierno de Urtubey decidió declarar, con gran aparato mediático, el estado de emergencia social en materia de violencia de género.
Desde entonces, los problemas no han hecho sino aumentar, en cantidad y en gravedad (ver el informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para 2015), hasta poner de relieve la alarmante escasez de recursos (intelectuales, técnicos, humanos y económicos) de un gobierno que reacciona a espasmos y que no tiene una idea clara de la magnitud del fenómeno al que se enfrenta.
¡Si hasta la Corte de Justicia ha hecho más que el gobierno provincial para proteger a las mujeres!
La prórroga del estado de emergencia que ha anunciado hoy la ministra Calletti es útil solo en la medida en que sirve para admitir la derrota y la impotencia. Mientras los menos informados aplauden la medida, una mayoría de ciudadanos se da cuenta de que representa la admisión de un fracaso anunciado y la continuidad de unas políticas más pensadas en la autosalvación que en la efectiva ayuda a las víctimas.
Una estrategia diabólica
Parte del error del gobierno nace de su vocación totalitaria, que es muy visible en su estrategia de convertir al feminismo libre y organizado en una parte del aparato gubernamental, contratando a sus activistas y obligándoles a recitar el catecismo oficial.Es decir que por una necesidad puntual de legitimación del gobierno, que piensa que comprando a las organizaciones libres de la sociedad civil (con la poco creíble excusa de «visibilizarlos») acerca sus políticas a los ciudadanos, las mujeres que son víctimas de este flagelo siguen sin poder acceder a los mecanismos de tutela que necesitan.
Al gobierno le interesa contratar feministas, no para solucionar problemas, sino para evitar que éstas critiquen sus políticas. ¡Dios nos guarde de los aguijones de estas avispas!, piensan quienes diseñaron esta perversa estrategia. El infeliz caso de la niña wichi violada y embarazada en Alto la Sierra, del que las feministas a sueldo no han dicho una sola palabra en el momento en que debían haber reaccionado, así lo pone de manifiesto.
Con el feminismo a sueldo del Estado sucede como con el periodismo. Las organización libres de la sociedad civil, cuando deciden apoyar a un gobierno determinado o formar parte de él, dejan de ser «organizaciones» y dejan de ser «libres».
El día en un activista resuelve entregar su alma al gobierno, ese día se convierte en funcionario y deja de ejercer como activista, haciéndose acreedor a la desconfianza y a la crítica de aquellos otros militantes que siguen apostando por la libertad y la independencia frente a los intereses del poder político.