«En Rosario de Lerma se sensibilizó a la comunidad sobre violencia de género». De este modo titula el gobierno provincial una noticia que da cuenta que funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos dictaron un curso de formación en Rosario de Lerma, destinado a «referentes comunitarios y gubernamentales», con el objetivo de construir redes de prevención y asistencia a víctimas. El título da a entender que, antes de la intervención del gobierno, los habitantes de Rosario de Lerma eran unos monstruos, insensibles al fenómeno de la violencia contra las mujeres y desinteresados por las graves consecuencias de este fenómeno.
El problema de las palabras sería menor, si en la misma noticia no se mencionara que esta capacitación, impartida por un equipo de la Subsecretaría de Políticas de Género, se dictó antes en las más pobladas ciudades de Metán y General Güemes.
Según el gobierno, participaron 60 «referentes» de instituciones y equipos interdisciplinarios de hospitales, escuelas, fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, equipos de mediación local. Del contexto de esta información se desprende que estos 60 «referentes» eran en realidad 60 personas preocupadas por el tema o con algún grado de responsabilidad en las políticas que luchan por erradicar este fenómeno.
Para mayor claridad, la comunicación del gobierno señala que el objetivo de estas jornadas de formación es el de «generar espacios de reflexión e intercambio para sensibilizar a los distintos organismos y a la comunidad sobre problemáticas compartidas, en especial la trata de personas».
A pesar de que el objetivo propuesto es en cierto modo agraviante para las instituciones y los vecinos de estas ciudades, que pueden tener carencias operativas y de recursos pero que conocen bastante bien el problema, el gobierno provincial, que en los pasados ocho años solo ha conseguido que la violencia contra las mujeres se multiplique, reclama para sí una autoridad que no posee.
Lo hace, al colocarse por encima de las comunidades locales y proponerles unas redes institucionales de protección y prevención que el propio gobierno provincial desconoce.
Aunque la idea no es mala, en cuanto supone la difusión de nuevos conocimientos, preocupa que el gobierno provincial sea el encargado de transmitir el evangelio que ampara a las personas vulnerables, cuando funcionarios como el Jefe de Policía se dedican a atacar a personas indefensas bajo el pretexto de aplicar la ley.