Esta fotografía tan deningrante no pudo haber sido facilitada a los medios de comunicación sino por alguna fuerza de seguridad o por alguna autoridad fiscal. Su publicación es, sin dudas, reprochable, pero mucho más lo es su cesión a los medios por parte de la autoridad pública.
La persona detenida puede ser el delincuente más peligroso, el hampón más sanguinario o la persona más repugnante del mundo, que nada justifica que se lo exhiba públicamente en los medios de comunicación en unas condiciones tan lamentables.
La situación en la que se encuentra una persona detenida -cualquiera sea el nivel de gravedad del hecho que ha cometido- no justifica la violación de sus derechos humanos. Antes al contrario, el Estado debe reconocer que la persona detenida se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad que hace obligatoria una mayor protección a su dignidad humana.
El hecho mismo de la detención de un delincuente (siempre que sea justa y razonablemente proporcional al hecho cometido) es, por lo general, la forma que tiene la sociedad de protegerse. Sin embargo, la humillación del detenido, su exposición pública antes de la conclusión del proceso y la publicación de su fotografía en los medios, semidesnudo, golpeado y rendido, en vez de proteger a la sociedad, la agrede sin necesidad y sin sentido.
La concepción del Estado democrático de Derecho obliga a poner el Derecho Penal al servicio del ciudadano, lo que inmediatamente supone que el poder punitivo del Estado se encuentra limitado por el respeto a determinados principios, como el de la presunción de inocencia, el de la dignidad humana, el de igualdad y el de participación de los ciudadanos.
Si ya es grave que a una persona detenida se la exhiba en estas condiciones, mucho más grave es que la sociedad en donde la exhibición se produce sea la misma que periódicamente organiza solemnes conferencias y cursos sobre derechos humanos.
Una sociedad en la que realmente se respetan los derechos humanos no humilla ni degrada a las personas detenidas, cualquiera sea el crimen que pudieran haber cometido.
Una sociedad que permite que sus policías o sus fiscales proporcionen a los medios de comunicación fotografías denigrantes como esta es una sociedad que no puede confiar en que sus autoridades respeten los derechos fundamentales que son comunes para todas las personas; para los que han cometido un delito y para los que no lo han cometido.
Una sociedad que no reflexiona sobre estas cuestiones y que justifica los excesos no solo es una sociedad sin ley sino que también es una sociedad sin cordura ni decencia.