Si el primer derecho humano que tiene un preso es no vivir hacinado ni sufrir una injusta condena añadida por la falta de espacios adecuados y suficientes en las cárceles, uno se pregunta cuál es la idea que el ministro López Arias tiene de los derechos humanos de los reclusos.
Pero esta pregunta ya la hemos formulado antes.
Lo que interesa ahora es la reciente afirmación del ministro de que los derechos humanos de los presos en las cárceles de Salta son objeto de un respeto absoluto.
Si por absoluto entendemos algo que es entero, total y completo, lógico es suponer que el respeto de los derechos humanos se extiende a todos los presos, en igualdad de circunstancias, cualquiera sea el delito que hayan cometido y cualquiera sea el lugar en donde se encuentre la cárcel que los cobija.
Pero esta es solo una teoría. Tal vez el ministro López Arias tenga una explicación mejor.
En principio la teoría de López Arias es que el hacinamiento en las cárceles salteñas no es responsabilidad suya, ni de lejos. Pero aunque las cárceles se hincharan hasta reventar por culpa de otro, en tal caso los derechos humanos de los presos no estarían siendo respetados. Si así estuviera ocurriendo, lo correcto sería reconocer este incumplimiento, no negarlo.
De allí que corresponda reformular la teoría de López Arias, del siguiente modo: los presos de Salta disfrutan de un absoluto respeto por sus derechos humanos, pero solo por parte del gobierno provincial y de sus subordinados. Quienes violan sus derechos son los funcionarios nacionales, que nos obligan a mantenerlos hacinados y en malas condiciones. Son ellos, no nosotros, los que tienen la culpa.
Esta teoría tropieza con el pequeño obstáculo de la indivisibilidad de los derechos humanos. Pero sabrá López Arias por qué motivo ha decidido caer tan bajo.
Lo que decididamente no es culpa de Nación es que en la cárcel de Metán un preso haya sido apaleado casi hasta la muerte por los carceleros que dependen directamente del optimista señor López Arias y que este hecho haya derivado en un escándalo judicial que ha puesto a todo el sistema penitenciario de Salta en situación de seria sospecha.
¿Es a esto a lo que se refiere López Arias cuando emplea el adjetivo absoluto?
¿Es esta la reinserción social y el trato digno de los que tan orgullosamente habla el ministro?
Si llegara a ser verdad que el gobierno federal no envía un solo peso para atender a los presos que prometió atender, ¿es esta razón para que, además de que los presos vivan en condiciones horribles, amontonados como auténticas cucarachas, se los someta a torturas y a malos tratos como si fuera la cosa más normal del mundo?
López Arias ha reconocido que el hacinamiento en las cárceles salteñas, producto de la sobrepoblación penitenciaria, es extremo. Esta es la palabra que ha usado.
Pero una cosa es que los presos no dispongan de espacios ni de recursos en la medida que los estándares internacionales consideran suficientes para no agravar injustamente las condiciones de cumplimiento de sus condenas, y otra cosa bien diferente es que además de este castigo invisible se los muela a palos y se los deje malheridos. Si extremo es el hacinamiento, mucho más extremo es la tortura.
Si estos son los derechos humanos del bueno de López Arias, no quisiéramos imaginar lo que sería encontrarse a este canoso señor en un día en que no haya dormido bien la siesta. Presos y no presos deberíamos temblar de miedo por lo que nos podría llegar a ocurrir.
Todo ello, por no hablar de los derechos humanos de los propios carceleros (y de las propias carceleras), ya que en el respeto absoluto debería contabilizarse también el acoso sexual en el lugar de trabajo por parte de los directores de prisiones hacia las agentes del servicio penitenciario.