Sacarle los colores a una profesora de Derecho Civil porque enseña a sus alumnos a criticar las leyes, es por lejos mucho más reprochable que lo que esa misma profesora pudo haber dicho a sus alumnos, en uso de sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de cátedra.
Las leyes, como cualquier institución conocida, pueden ser objeto de críticas. De todo tipo de críticas. Solo eso faltaría.
El derecho es, por definición, fuerza e ideología, de modo que ninguna norma jurídica obligatoria -ni siquiera la propia Constitución- disfruta de una especie de inmunidad absoluta frente a las críticas que puedan ejercer los ciudadanos. Como cualquier ejercicio de fuerza, basado en una ideología -cualquiera que esta sea- las normas del Derecho no solo pueden sino que deben ser objeto del escrutinio y la censura ciudadana, además de forma permanente.
Dicho en palabras un poco menos amables, quien pretende que las leyes no se critiquen y que su razón se imponga por la razón de la fuerza es mucho más bárbaro e incivilizado que el que se anima a criticar las leyes que nos rigen. Aunque esa crítica no asuma una forma científica y aun cuando carezca de lógica.
Desde luego, como el derecho a la libertad de expresión -así como el de cátedra- no son ilimitados, hay un punto a partir del cual su ejercicio deja de ser legítimo y, en consecuencia, deja de estar amparado por la ley. Es claramente el caso de la incitación a la desobediencia civil. Cuando ejercen su derecho a criticar los productos del Poder Legislativo, los ciudadanos no pueden traspasar esa línea y dejar de cumplir o invitar a otros a incumplir las leyes. Eso no está permitido.
Pero mientras los ciudadanos no traspongan ese límite, de las leyes se puede decir cualquier cosa; incluso que son buenas y justas.
Por otro lado, quien ha criticado -con vídeo y todo- a la profesora que se animó a decirle a sus alumnos que la ley nacional 26.743, conocida como de «identidad de género» es una norma no demasiado bien pensada, ignora por lo visto lo que es una «empresa ideológica».
Una empresa de este tipo es aquella que desarrolla un cierto tipo de actividades que están exclusiva o principalmente dirigidas a difundir un ideario religioso, político, socio-económico o sindical. Sus trabajadores, o al menos aquellos que ocupan los puestos de trabajo afectados por dicho ideario, han de respetar o compartir generalmente esa ideología; su incompatibilidad o contradicción con la misma puede ser causa justificada de despido por ineptitud.
En base a estos principios, a quienes trabajan como docentes en una universidad confesional incluso se le puede obligar a que enseñen a sus alumnos ciertos y determinados conocimientos o a recomendarles determinada bibliografía. Desde luego, nadie puede situarse fuera de la ley, pero criticar las normas no supone comportarse de este modo, sino precisamente del modo contrario, puesto que la crítica asume que quien la pronuncia está alcanzado por la ley. Si no lo estuviera, no tendría sentido criticar nada.
Tampoco se puede incitar tan fácilmente a desobedecer una ley que no contiene prohibiciones sino que consagra simples facultades jurídicas. Salvo que el profesor o el ciudadano en cuestión hiciera un llamamiento a sus alumnos a negarle sus derechos a las personas que se han acogido a la «identidad de género» -algo que no ha ocurrido en el caso de la profesora Etcheverry- no hay prácticamente forma humana de aproximar la crítica a una ley a una desembozada exhortación a la desobediencia civil.
Por otro lado, quien se proponga formar a los futuros abogados, lo peor que les puede enseñara sus alumnos es que las normas jurídicas -las buenas y las malas- son inmodificables. Cualquier buen profesional del Derecho sabe o debería saber que no lo son.
El derecho a la identidad de género ostenta un rango normativo bastante inferior al de la libertad de expresión o de cátedra. Cuando entran en conflicto, pocas dudas caben acerca de que deben prevalecer estos últimos. Quien piense que debe prevalecer el primero, sencillamente es un enemigo de la libertad y al que corresponde denunciarlo es a él, no a la profesora.