¿Son sancionables las expresiones machistas?

Conviene, por múltiples razones, situar un poco en su contexto esta pregunta. Resulta bastante obvio a estas alturas que las expresiones machistas son repugnantes y condenables, sea quien sea quien las pronuncie. Esto es lo primero y lo principal.

Pero sentado lo anterior (que también puede ser discutible, pero no para quien este escrito suscribe) es necesario pensar si el hecho de que una persona lance al aire expresiones que se consideran «machistas», tanto en el sentido de afirmación de la primacía masculina sobre las mujeres como en el sentido de la degradación de los derechos femeninos, puede constituir una conducta antijurídica sancionable.

Ser machista, parecerlo, o incluso «militar» en contra de las mujeres está bastante mal visto, pero no está prohibido. Es más, no debiera estarlo.

Ninguna feminista que ame la libertad, ningún ciudadano que ponga a su libertad por delante, se sentiría cómoda o cómodo si el combate contra el machismo instalado en la sociedad se gana por una vía tan contundente y tan poco deportiva como la prohibición, por la fuerza bruta. Antes al contrario, a quienes defienden la libertad y los derechos de las mujeres (que tienden a confundirse en una misma cosa) les interesa más convencer y persuadir con argumentos que poner un zapato sobre la libertad de otros en forma de un silencio obligatorio.

Es siempre mejor que los machistas se expresen, que hablen, que se dejen retratados en una frase o una sentencia desafortunada. Lo que no parece bueno es callarlos por la fuerza de la ley, porque aunque hagan daño con sus palabras inoportunas, mucho más daño harían silenciando lo que de verdad piensan. Entre otras cosas porque el que no puede hablar siguiendo sus convicciones más primitivas, normalmente se dedica a actuar o se siente predispuesto a hacerlo. Y aquí emerge un problema más grave, porque los actos machistas sí que son sancionables por el Derecho, o deberían serlo.

Ser partidario de que la mujer se dedique a lavar los platos y a planchar, y encima animarse a decirlo, puede ser un caso de sinceridad brutal, de mal gusto o de irresponsabilidad supina, especialmente si el piropo se dirige de forma impersonal a un grupo indeterminado de personas; pero difícilmente puede constituir una falta administrativa y jamás un delito. Solo eso faltaría. Sostener lo contrario significaría nada menos que admitir que es conveniente que el Estado ejerza como gendarme de la opinión de los ciudadanos. Aprendamos a cuidarnos nosotras mismas. Confrontemos, si es necesario, pero no pidamos que el Estado imponga por la fuerza un cerrojo a la opinión de los demás, solo por el hecho de que no nos gustan.

Quienes se manifiestan partidarios de mandarle la policía al que se expresa en contra de las mujeres es más bárbaro e incivilizado que el que opina abiertamente en contra de ellas. Tenemos que saber trazar las líneas y saber que así como no se puede «pasar a la acción» y realizar actos materiales discriminatorios (contra nadie, no solo contra las mujeres), tampoco se puede criminalizar la opinión, por muy estúpida, brutal e inconveniente que nos parezca.

Escribo estas breves reflexiones después de enterarme de que un fiscal de la Provincia de Río Negro ha sido objeto de una catarata de pedidos de sanción disciplinaria por haber manifestado públicamente su deseo de que las mujeres, en su día, se dediquen a las tareas domésticas. Y con más convicción aún después de saber que el Ministerio Público rionegrino anunció la promoción contra él de un expediente sancionador, antes de que este señor presentara -al parecer, voluntariamente- la dimisión a su cargo.

Como hubiera dicho el Chavo del Ocho, «Así, po sí».