El gobierno de Urtubey menosprecia al pueblo wichi

Dos datos de la realidad:

1) En una fecha difícil de precisar, el diputado nacional Pablo Kosiner sugirió que era osada la idea del Gobernador de Salta de utilizar el voto electrónico para realizar una consulta popular en la localidad de Nazareno. Kosiner dijo entonces algo parecido a esto: «¿Cómo se va a aplicar el sistema de boleta única electrónica en una comunidad cuya casi (sic) la totalidad de integrantes forman parte de una comunidad de pueblos originarios?»

2) En octubre de 2016, durante una demostración del voto electrónico en la ciudad de Mar del Plata, el gobernador Juan Manuel Urtubey se fotografió con un joven con síndrome de Down que había realizado una práctica exitosa con el terminal de votación, y utilizó esa fotografía para demostrar la pretendida facilidad de uso de la herramienta. La foto fue posteriormente eliminada de los perfiles oficiales del gobierno en las redes sociales.

Con estos antecedentes, el gobierno no ha dudado en promocionar un «instructivo» destinado a que los aborígenes wichi de Salta (está redactado en este idioma) puedan utilizar el voto electrónico.

La primera pregunta que hay que formularse es la de por qué si los wichis jamás han necesitado manuales ni folletos para utilizar el voto de papel sí necesitan una ayuda en su lengua para aprender a votar con los juguetes electrónicos de Urtubey.

La segunda pregunta es obvia: Si las personas con discapacidad intelectual pueden utilizar el voto electrónico sin problemas y sin ayudas suplementarias (ver la demostración de Mar del Plata), ¿por qué los wichis, que en una gran mayoría no padecen este tipo de discapacidad, necesitan de un «instructivo»?

La respuestas a estas preguntas también parecen demasiado obvias. A la primera solo cabe responder que el voto electrónico es unas cien veces más complicado de comprender y utilizar por el elector medio que el sistema de voto con papel, que se utiliza en el país desde hace más de un siglo.

A la segunda hay que responder que para el gobierno de Urtubey (ya lo dijo Kosiner) los indígenas salteños son infraciudadanos, infradotados intelectualmente. Menos todavía que una persona que por razones genéticas padece una disminución de su capacidad cognitiva.

Se trata en cualquier caso de un menosprecio inadmisible hacia una categoría de ciudadanos, a los que el gobierno trata como animales, a pesar de que tanto la Constitución (art. 15) y la ley (7121) les reconocen su indiscutible dignidad de personas.

¿Quiénes son los criollos?

En tanto las normas que nos rigen obligan al Estado a reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas (lo que no significa el reconocimiento de una singularidad que los haga diferentes al resto de los ciudadanos argentinos), ¿qué norma hay que defina lo que son los «criollos»?

Por definición académica, «criollo» es el gobernador Urtubey, en tanto descendiente de europeos, nacido en uno de los antiguos territorios españoles de América. Pero si nos dejamos guiar por el racismo de su gobierno, tendríamos que considerar «criollos» a una categoría de ciudadanos que no son ni una cosa ni la otra: unos desclasados sin pureza étnica que los ampare.

La creación por parte del gobierno de Salta de una categoría especial de ciudadanos llamados «criollos», cuyos rasgos culturales o históricos son para la mayoría de la población desconocidos (al menos no consta referencia a ellos en ninguna norma jurídica), es un ejercicio de racismo que de ningún modo puede pasar desapercibido.

Estos criollos -que el gobierno elige según su leal saber y entender- parecen gozar de todas las prerrogativas de los indígenas (por ejemplo, la propiedad comunitaria de las tierras que habitan), sin tener ninguno de los rasgos que definen a estos últimos. No solo carecen de agua, de luz o de comunicaciones. También carecen de «caciques» que los guíen en su travesía por el desierto institucional.

¿Y los demás? ¿Cómo se llaman?

Pero todavía más preocupante que todo lo anterior es pensar que si a unos les llamamos «indígenas» y a los otros «criollos», ¿qué sustantivo se aplica a los que no pertenecen ni un grupo ni al otro?

Probablemente para el gobierno racista de Urtubey a estos individuos se les deba llamar «personas normales», lo cual es un insulto, tanto a ellos como a los otros, cuya «anormalidad» no surge de ningún dato de la realidad.

Si los llamamos «ciudadanos», ¿estamos queriendo decir que los aborígenes y los supuestos «criollos» no lo son?

Quizá cuando el gobierno va a los lotes de Rivadavia y hace acuerdos para transferir la propiedad de la tierra a «criollos» y a «aborígenes» lo haga en nombre del «hombre blanco», de los «carapálidas» que gobiernan, que si nos fijamos bien no son tan «blancos» como ellos pretenden.

En 1853 se sentaron las bases para la erección de una república de iguales en donde no tuvieran ninguna consideración las diferentes particularidades étnicas de los individuos.

Reconocer a un grupo determinado su preexistencia étnica no significa que el tratamiento diferencial que le otorga la ley base su promoción en razones étnicas, sino más bien históricas y culturales. Cualquier otra interpretación conduciría a resultados extremadamente peligrosos, para la república y para la democracia.

La ley que en Salta regula la cuestión indígena se llama de «Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta» y obliga a los poderes públicos, en primer lugar, a «fomentar su integración en la vida provincial». Es decir, que el objetivo de «focalizarlos» y «aislarlos» (tratarlos como seres infrahumanos y asignarlos como una condena a su lugar de origen), como hace el gobierno de Urtubey, es extraño a los fines que persigue la ley.

El gobierno, so pretexto de cumplir con la norma que obliga a fomentar esta integración y al respeto de los valores culturales propios, confiere a los denominados «caciques» y a las organizaciones de los diferentes pueblos aborígenes verdadera entidad política, cuando la Constitución solo toma en cuenta el fenómeno organizativo a los exclusivos fines del otorgamiento de la personalidad jurídica; es decir, una cuestión administrativa menor, jamás política.

Estas distinciones que practica el gobierno, bajo la máscara de la promoción cultural de los pueblos originarios, no busca otra cosa que trazar odiosas líneas de distinción con el «hombre blanco», que es el que ejerce el poder de decidir si ellos tienen o no derechos, y, en caso afirmativo, de qué manera deben ejercerlos, como es el caso del famoso instructivo wichi, que aunque haya sido redactado por wichis no deja de ser un instrumento de control del gobierno para favorecer sus propósitos políticos.