El preocupante estado de las libertades públicas en la Provincia de Salta ha quedado retratado en la monstruosa operación policial realizada el pasado fin de semana, de resultas de la cual fueron detenidas más de mil personas, 600 de ellas en una sola noche. Cualquiera que haya leído esta noticia -publicada en el diario El Tribuno y en el sitio web de la Policía de Salta- podría pensar que durante el fin de semana pasado se llevó a cabo en nuestra provincia una gigantesca concentración humana (un recital, un match deportivo o una manifestación), pero no hubo nada de esto.
En dos noches apacibles, sin grandes desplazamientos ni disturbios, la Policía puso entre rejas a 1.016 personas, la mayoría de ellas -dice la información oficial- «por peleas callejeras, consumo de alcohol, y desorden». Más o menos las mismas faltas que justificaron jurídicamente las grandes purgas de Stalin y sus asesinatos de opositores.
Es de imaginar que la gresca y el beberaje deben de haber tenido unas proporciones bíblicas, pues en casos como estos, cualquier fuerza policial del mundo, mandaría al calabozo solo al 1% de los involucrados en tales excesos. Ninguna Policía tiene la capacidad operativa para detener a tantas personas de forma simultánea, y si la tuviera cabría pensar que en las refriegas y las «quemas» han participado más de 100.000 personas, lo cual, de solo pensarlo, produce una cierta perplejidad abrumadora.
Lo llamativo es que una operación de semejante resultado se lleve a efecto en Salta a pocas horas de que nuestro país haya sido visitado por expertos internacionales del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que han concluido en que en nuestro territorio la Policía abusa de su poder de detener a las personas sin orden judicial previa y que los jueces llevan a cabo una aplicación desviada de la prisión preventiva.
O Salta durante los fines de semana es una «joda total», virtualmente incontrolable, o es que la Policía de Urtubey -compuesta por 12.000 hombres armados hasta los dientes- no tiene mucho que hacer los sábados y los domingos y se dedica por ello a perseguir a bebedores de poca monta, mientras que por delante de sus narices desfilan los alijos de droga como si nada sucediera, y los cadáveres de las mujeres asesinadas se multiplican en las cunetas.
El sábado 27 y el domingo 28 de mayo, el territorio de la Provincia de Salta debe haberse convertido en un momentáneo pero gigantesco campo de concentración. Nuestras comisarías y nuestras cárceles -que están a rebosar de presos, algunos de ellos inocentes de solemnidad- no tienen las comodidades necesarias para albergar a tamaña cantidad de gente de golpe. Nuestros fiscales no tienen recursos para levantarse un lunes y darse con mil expedientes nuevos sobre la mesa. La Policía de Urtubey se pasa de rosca. Si en un día laborable normal no hay abogados para atender a las necesidades de mil detenidos, mucho menos los hay en un fin de semana.
Para colmo de males, al día siguiente viene el Gobernador y, como recompensa al buen hacer de esta gente que se toma tan a pecho la aplicación del Código Contravencional, le provee de 50 motos patrulla. Es del caso suponer que el próximo fin de semana, con más motos sobre el asfalto, con más cilindrada rugiendo debajo de sus asientos, los detenidos en los beberajes públicos pueden llegar a los 3.000, sin que a ninguna asociación que lucha por los derechos humanos se le mueva un solo pelo.
Sin ánimo de meterse en territorio ajeno, cabría formularse esta pregunta: ¿Qué pasa, Salta?