La fotografía adjunta, publicada originalmente en el diario El Liberal de Santiago del Estero y reproducida por El Tribuno de Salta, documenta el momento en que un hombre de 56 años, apodado «Vernacho», es detenido por agentes de la Policía de la vecina Provincia.
El hombre está acusado de violar durante 20 años a su propia hija. La crónica de la detención no habla en ningún momento de que el detenido ofreciera resistencia a la autoridad.
Como se puede observar, los policías santiagueños ataron las manos del hombre detrás de la espalda, cubrieron su cabeza con un pijama y lo arrojaron en la caja descubierta de una camioneta policial, en donde fue apuntado con armas largas y, además, fotografiado como se puede apreciar.
Lo curioso es que si la misma Policía, en un control de ruta, descubriera a un chancho viajando en semejantes condiciones, inmediatamente procedería a detener al conductor del vehículo, incautar al chancho y abrir un expediente por traslado ilegal de mercadería cárnica.
Desde hace tiempo que las normas de circulación vigentes en el país prohiben el transporte de personas en las cajas de las camionetas, por el riesgo que para sus vidas supone el vuelco del vehículo, los choques y las frenadas bruscas. Norma que la Policía de Santiago del Estero aplica a los demás, pero no a sí misma.
Al parecer, el tal Vernacho es menos que un cerdo. Hasta el Chapo Guzmán -un criminal internacional de gran peligrosidad- fue tratado mejor por los agentes que hoy lo han detenido.
Vale la pena recordar que la detención de Vernacho no fue llevada a cabo in flagrante delicto. Tampoco se trataba de un hombre con captura solicitada ni un delincuente previamente catalogado como criminal peligroso.
Lo único que consuela es pensar que antes de arrojarlo como animal a la caja de la camioneta, los agentes armados tuvieron el detalle de bajarle la cabeza, no vaya a ser cosa que el reo se dé un golpe con los caños de la jaula antivuelco.
Se trata simplemente de un atropello a la dignidad de cualquier persona humana, ya que por muy graves o repugnantes que sean sus delitos, ningún ser humano merece sufrir un trato semejante por parte de una autoridad que, en cualquier caso, debe actuar conforme a la ley y los tratados sobre Derechos Humanos.