Las dos medidas anunciadas por Macron a mediados de julio pasado están provocando protestas sociales en todo el país, pero después el del Consejo Constitucional supone una gran victoria del gobierno, pues a partir del próximo lunes (9 de agosto), se exigirá un certificado sanitario oficial -prueba covid negativa reciente, certificado de vacunación completa o certificado de recuperación— para que una persona pueda entrar en un bar o restaurante (incluso sentarse en una mesa del exterior) para viajar en un tren de largo recorrido o en un vuelo nacional, así como para pacientes no urgentes y visitantes en los establecimientos de salud y las residencias de ancianos.
Según informa el diario español El País, la medida, que se aplica ya desde el 21 de julio para lugares de “ocio y cultura” que reúnan a más de 50 personas, como teatros o cines —que han registrado una caída de visitas—, fue extendida por medio de una ley aprobada el domingo 25 tras seis días de acalorado debate parlamentario en las dos cámaras.
Desde hace tres semanas se convocan protestas en toda Francia, que cada vez congregan a más personas. Según El País, a la última convocatoria acudieron más de 200.000 personas en todo el país, según cifras oficiales. Para el próximo sábado 7 han sido convocadas nuevas protestas a lo largo y ancho de Francia. No obstante, el Gobierno insiste que la cifra de nuevos vacunados —más de cuatro millones de citas nuevas desde el discurso de Macron— es muy superior a los que salen a la calle.
Otra de las medidas que más indignaron a los manifestantes fue la obligación de vacunarse que instituyó Macron para todo el personal sanitario, así como otros profesionales en contacto con público vulnerable, como bomberos y servicios de emergencias, o trabajadores en residencias de ancianos.
Según el texto original de la ley, estos trabajadores tienen plazo hasta el 15 de septiembre para comenzar su vacunación y hasta el 15 de octubre para completarla, so pena de ser suspendidos de empleo y sueldo si para entonces no lo han hecho y hasta que vayan a vacunarse.
Esta exigencia fue llevada al Consejo Constitucional, que también la ha validado. Sin embargo, el tribunal ha censurado una de las cláusulas que más polémica y confusión habían provocado tras su aprobación: la referida al caso de los trabajadores con contratos temporales. Según la decisión de la máxima autoridad constitucional, no se podrá despedir a ningún trabajador interino o con contrato temporal “antes del fin” de su contrato, como sí preveía la ley original si el empleador así lo decidía.
El primer ministro, Jean Castex, ha celebrado la decisión del Consejo Constitucional. “La validación permitirá el pleno despliegue de la estrategia de lucha contra la covid-19 presentada por el presidente el 12 de julio”, ha dicho Castex en un comunicado.
El Consejo Constitucional, sin embargo, ha anulado el aislamiento obligatorio previsto en la ley para las personas que hayan dado positivo al coronavirus. Los miembros del Consejo han considerado este aislamiento “contrario” a la Constitución.
El primer ministro Castex ha asegurado que el Gobierno “toma nota” de la decisión, aunque ha recordado que es una medida que ya se emplea en “numerosos” países europeos y que también se aplica en Francia para los viajeros procedentes de países en alto riesgo. “Los poderes públicos se limitarán a recordar a todas las personas contagiadas de covid-19, incluidas las formas asintomáticas, la necesidad de respetar escrupulosamente las recomendaciones médicas en materia de aislamiento”, ha subrayado el primer ministro.
Fuente: El País