La comunicación oficial del gobierno, utilizando un lenguaje de campaña, dice que «el Estado se hizo presente para que más de 400 docentes que dictaban la cátedra en establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia, mantengan su continuidad laboral». Donde dice «Estado» debe leerse «gobierno» y donde dice «cátedra» debe leerse «clases».
El anuncio de la «continuidad laboral» de los maestros amenazados por la prohibición judicial ha sido efectuado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade y por la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, tras una reunión con representantes de los profesores de religión de toda la Provincia.
Pero para que los maestros de religión «hagan algo» (puesto que no pueden impartir clases de esta materia) deberán ser reconvertidos, objetivo que, según el señor Yarade, requiere de «un arduo proceso de trabajo técnico y capacitación para lograr la reasignación de funciones o de cargos».
Según la información oficial, las escuelas y colegios en donde enseñaban religión estos 400 maestros «ahora pondrán en práctica proyectos vinculados a la educación emocional».
Lo curioso es que el gobierno no ha dicho en ningún momento que los padres de los alumnos que asisten a las escuelas públicas de Salta hayan demandado que sus hijos reciban, de parte del estado, «educación emocional», algo que debería ser muy tenido en cuenta, toda vez que el artículo 8 de la ley provincial 7546, que enumera y detalla los principios, fines y criterios de la educación pública reglada en Salta, no menciona en ningún momento entre aquellos a la «educación emocional».
Se ignora por el momento qué contenidos tendrá la nueva «educación emocional» de los niños de Salta, y, sobre todo, de qué forma se entrenará a un profesor o a una profesora de religión para que al enseñar emociones no cuele por debajo de la mesa contenidos de doctrina religiosa.
La decisión de mantener el empleo público de personas cuyos servicios al Estado ya no son necesarios y cuyas repercusiones económicas no han sido valoradas ni por Yarade ni por Berruezo, se suma a la demagógica medida, recientemente adoptada por el gobierno de Urtubeu, de incorporar a la nómina oficial de la Administración pública salteña a una importante cantidad de trabajadores de la sanidad pública con empleo precario, sin acreditación de los requisitos constitucionales de idoneidad, mérito y capacidad.