Según la información oficial del gobierno provincial de Salta, la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, señora Analía Berruezo, se ha reunido con miembros de la comisión del alfabeto wichi del consejo Wichi Lhämtes.
Dicha información oficial expresa textualmente lo siguiente: «El Consejo considera que el alfabeto wichí es una herramienta indispensable para la alfabetización de los niños y niñas de la etnia en su propia lengua, como así también en la segunda lengua (castellano)».
Si bien no hay ningún tipo de objeción a la alfabetización de los niños en el idioma que los padres prefieran, y es un hecho de que las lenguas indígenas disfrutan de protección jurídica, no se entiende muy bien que unos ciudadanos argentinos, que se ven obligados a hacer trámites y manejar documentación en el idioma que de forma abrumadoramente mayoritaria utilizan las oficinas administrativas y judiciales del Estado, consideren al español como «segunda lengua», en un escalón inferior de consideración respecto de las lenguas indígenas.
Peor que esto, es que la señora Ministra de Educación, segunda máxima responsable de la educación pública en la Provincia, después del Gobernador, declare alegremente que el gobierno del que forma parte asume el compromiso de «acompañar» el trabajo de un consejo lingüístico que considera a la lengua vehicular del sistema educativo «segunda lengua».
Si bien no está mal considerar «primera lengua» a la lengua wichi o a cualquier otra lengua minoritaria en el territorio de la Provincia, no parece razonable que el español disfrute en determinadas partes del territorio de la consideración de «segunda lengua», cuando ambas lenguas pueden disfrutar de una especie de cooficialidad, que las coloque en el mismo nivel, máxime teniendo en cuenta que para el ejercicio de los derechos de ciudadanía se requiere ineludiblemente el conocimiento y el uso del español.
Hacer del wichi la primera lengua en determinadas zonas -una aspiración cuya razonabilidad choca con la pertenencia del ciudadano a un Estado que tiene el cien por cien de sus normas en idioma español- obligaría al gobierno a hacer un enorme esfuerzo, no solo para enseñar el idioma minoritario, sino también para ofrecer obligatoriamente toda la documentación oficial y tramitar los procesos judiciales y administrativos también en la lengua minoritaria. Y ese esfuerzo suplementario lo pagarían aquellos ciudadanos que solo hablan una lengua y que se entienden en ella con la Administración del Estado.
En suma, que si la señora Berruezo acaba de salir (a medias) de un berenjenal con el tema de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, lo que le conviene es ir con cuidado con el tema de las lenguas, porque así como se puede romper la unidad del Estado con las prácticas religiosas compulsivas del culto mayoritario, se puede romper también desconociendo el carácter vehicular del español para la educación igualitaria de todos los salteños, con independencia de su raza y del lugar en que hubieran nacido.
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