Una de las diferencias sociales más notables entre la segunda década infame (1991-2001) y la llamada década ganada (2003-2013) es que durante la primera la actividad de los piqueteros era marginal y escasamente remunerada. Hoy, el oficio de apretador profesional (que incluye los suboficios de cortador de ruta, piquetero, activista aborigen, militante rentado y muchos otros) goza no solo de un gran prestigio social sino de unos beneficios económicos apreciables.
El caso paradigmático es el de la piquetera jujeña Milagro Sala, cuyo poder se ha venido incrementando sin cesar durante los últimos años, gracias a su capacidad para hacer excelentes negocios y su visión para colocar los beneficios en los cambiantes mercados financieros.
Pero también Salta ha crecido en este aspecto. La figura que sobresale por encima de los demás es la del piquetero del norte José Gustavo Fernández, Pepino, líder de una banda dedicada a «dialogar» en términos negociales con las empresas petroleras instaladas en su zona de influencia.
Pepino no solo se dedica a abordar amistosamente a directivos de multinacionales en los pórticos de acceso a las plantas, también maneja -como todo buen piquetero que bien se precie- un manojo de «planes sociales», con los que mantiene la disciplina de sus bases y afirma su liderazgo. Son cosas que tiene la política social del kirchnerismo, diseñada no para beneficiar al necesitado sino para premiar el «sacrificio militante».
Los negocios de Pepino
El piquetero apretador, ebrio de inclusión y de militancia, ha cortado ayer junto a sus secuaces la ruta nacional 34 y provocado serios problemas en la circulación vial, que es lo mismo que decir en la economía.La acción no ha pasado desapercibida para el gobierno, que ayer mismo convocaba a una rueda de prensa a la que asistieron dos ministros y un secretario de Estado.
En dicha rueda de prensa se informó que Pepino, en su calidad de presidente de una fundación privada llamada Fundatrap, mantiene un duro contencioso con la Administración Nacional de la Seguridad Social, a raíz de que ésta dictara contra la fundación una medida de inhibición que le impide practicar liquidaciones de asignaciones familiares a sus trabajadores.
Pero la cosa no queda ahí, puesto que hay una investigación abierta en la llamada Unidad Fiscal de Delitos Penales para la Seguridad Social y un procedimiento judicial en el Juzgado Federal de Orán, que pueden dar con los huesos de Pepino en la cárcel.
Fundatrap tiene registrados 1079 trabajadores -según la información oficial del gobierno- y lo que pretende mediante el corte de ruta no es otra cosa que la Anses desista de la medida inhibitoria. Pero la causa por fraude sigue abierta y es imparable.
Lo que se investiga es si la fundación de Pepino se dedicaba a embolsar dinero malhabido a través de una lista de más de mil supuestos trabajadores en relación de dependencia, que figuran con una remuneración de 201 pesos por persona, pero que «cobraban» todos ellos asignaciones familiares que, en realidad, eran retenidas por la fundación.
El gobierno ha dicho que una comisión especial de la Anses se hará presente en el lugar para buscar soluciones a este problema e iniciar los trámites para que los trabajadores (los que realmente trabajan) cobren legítimamente la asignación universal que les corresponde.