La magistrada acusa a Solís de haber cometido tres delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, más un delito de fraude a la administración pública y otro de cohecho.
El proceso penal contra el intendente Solís fue abierto a comienzos del año pasado. A finales de diciembre de 2020, el regidor municipal ejerció por primera vez su defensa, declarando en calidad de imputado.
El Ministerio Público Fiscal salteño procedió contra Solís notitia criminis a raíz de informaciones periodísticas de las que se deducía la posible falsificación de facturas en la Municipalidad sureña.
Según la información oficial del sitio web de los fiscales penales de Salta, la autoridad instructora se dirigió a la Auditoría General de la Provincia para que informara sobre el resultado de los controles financieros y de legalidad practicados sobre los movimientos contables de la Intendencia Municipal de Rosario de Frontera durante el año 2017.
La misma información afirma que del informe remitido por la Auditoría General surge la existencia «irregularidades».
Según la señora Simesen de Bielke, durante la etapa de instrucción, se ha podido acreditar (con el grado de certeza propio de esta fase procesal) que el señor Gustavo Solís «desplegó conductas contrarias a las leyes y ordenanzas, al llevar a cabo la contratación de Mirta Verónica Corimayo, en clara violación a las normativas que prohíben la contratación por parte del Estado de personas físicas o jurídicas afectadas por medidas judiciales cautelares que afecten su solvencia o capacidad de contratación. Es que sobre Corimayo pesaban sendas medidas cautelares sobre las cuales fue debidamente informado el acusado, según consta en expedientes judiciales».
La misma fiscal afirma en su escrito que la contratación de Corimayo «encuadra dentro del incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero del Banco Central de la República Argentina, dictadas para determinar el circuito financiero del dinero público y que prohíben la emisión de cheques por sumas inferiores cuando el monto de los anticipos así lo permiten, como ocurrió en este caso».
Sostiene la acusadora pública que el señor Solís aceptó facturas duplicadas, por lo que incumplió las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada con la emisión obligatoria de facturas electrónicas.
Fraude a la Administración pública
Simesen de Bielke acusa a Solís de haber emitido, en el año 2017, una resolución en la que dio por rescindido de forma unilateral el contrato suscrito con Corimayo, «sin arbitrar medida alguna tendiente al resarcimiento por la desvinculación unilateral».Sostiene la fiscal que la decisión extintiva del Intendente fue adoptada a pesar de que la la señora Corimayo ya había cobrado dinero en concepto de anticipos, «lo que causó un claro perjuicio al patrimonio municipal».
Contrataciones directas
También reprocha la fiscal al acusado un segundo hecho por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, presuntamente cometido al formalizar doce contrataciones directas de obra pública con una fundación privada, «sin que se verificaran los requisitos establecidos por la normativa vigente».Según la instructora, Solís celebró también contratos de obra pública por un montante de casi 11 millones de pesos con otra persona que no estaba legalmente inscrita en el Registro de Contratistas de la Provincia.
Afirma la fiscal que, según información del Banco Central de la República Argentina, la persona contratada por Solís presentó al cobro casi un centenar cheques rechazados, por una cantidad total de 22.608.759,03 pesos. Dice la señora Simesen de Bielke que Solís procedió a contratar a esta persona «sin verificar la situación financiera del contratado».
Cohecho
Dice el escrito de acusación que de unas grabaciones unidas a la instrucción surge que el señor Solís efectuó una «promesa directa» al presidente de una fundación privada en la que le aseguraba a este último la percepción de una suma de dinero que cobraría por cada metro cuadrado que se ejecutara.Según la instructora, la propuesta municipal contemplaba un precio de 163 pesos por metro cuadrado, de los cuales, si el contratista facturaba todo, debía entregar 93 pesos por metro cuadrado a Solís.