Fuentes no oficiales cercanas a la ministra Patricia Bullrich han desmentido que el gobierno tuviera entre sus planes un proyecto para dignificar la profesión de motochorro, mediante un cambio de denominación en el gremio que permitiría que estos delincuentes sean llamados en adelante con el más benigno nombre de desapoderadores sustentables.
La arquitectura del lenguaje no solo afecta a las profesiones, sino también al propio texto del acuerdo, ya que en vez de referirse a un pacto para intentar luchar contra el contrabando transfronterizo organizado, Urtubey y los ministros nacionales lo han denominado «acta acuerdo para el fortalecimiento de la zona fronteriza de Orán y Aguas Blancas en materia comercial y de tránsito migratorio».
Según el gobierno de Salta, el acuerdo establece un nuevo régimen simplificado de importaciones de la Dirección General de Aduanas para Aguas Blancas y Orán que contempla el mantenimiento del tope de 12 mil dólares, pero que amplía el límite hasta las 24 operaciones mensuales, con un máximo de una por día y un máximo diario de 500 dólares, de manera que las mismas no son acumulables.
El régimen ampara el ingreso de textiles y calzados, nuevos, sin uso y sin reacondicionar, procedentes de país limítrofe y sin fraude marcario, conforme a la nómina que establezca el Ministerio de Producción y Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Mediante Resolución nacional 4430/2019 publicada en el Boletín Oficial, se establece que el nuevo régimen entrará en vigor el próximo día 1 de abril.
Según el gobierno de Salta, la nueva regulación para esta zona fronteriza brinda a los bagayeros «un marco laboral legalizado». El gobierno confía en que la legalización bagayeril no solo beneficiará a los trabajadores de la zona sino que fortalecerá el combate a las mafias.
Otro punto destacado del acuerdo establece que el Ministerio de Seguridad de la Nación se compromete, a través de la Gendarmería Nacional, a direccionar [sic] el flujo migratorio y de mercaderías hacia el paso habilitado Puerto Chalanas, impidiendo el cruce por pasos no habilitados.
El acuerdo se completa con el compromiso de la Dirección Nacional de Migraciones de fortalecer el empadronamiento de residentes fronterizos en la categoría de tránsito vecinal fronterizo (TVF) y a emitir los correspondientes documentos.