El gobierno de Urtubey confía en que una misa solucionará los problemas en El Bobadal

O el gobierno de Urtubey intenta sacar rédito electoral de las desgracias (cosa bastante probable) o lo que pretende es lavar su imagen una vez que aquéllas han ocurrido.

A 72 horas del asesinato a sangre fría de una maestra rural que se encontraba de servicio, atendiendo a sus alumnos en una alejada escuela albergue de Tartagal, el gobierno dice haber despachado al lugar a «equipos interdisciplinarios de los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Derechos Humanos».

No hace falta una inteligencia extraordinaria para darse cuenta que, de no haber ocurrido la tragedia, el gobierno no hubiera enviado nunca a sus equipos técnicos a este lugar, a pesar de que se trata de una de las zonas más densamente pobladas de la Provincia y en donde el voto fluctúa constantemente.

Dice el gobierno que el pasado sábado -es decir, después del asesinato de Evelia Murillo- inició «una serie de acciones de acompañamiento a la comunidad de El Bobadal y escuelas de Tartagal».

Según todo indica, se trata de acciones de «acompañamiento en el sentimiento» o de pésame, aunque el gobierno, en la cúspide del sarcasmo, ha dicho que sus equipos y sus supervisores (antes ausentes) ahora se encuentran en el lugar para elaborar in situ «un proyecto pedagógico relacionado con la no violencia» (sic).

También ha viajado al lugar un equipo técnico de infraestructura, cuya misión será evaluar el estado de la edificación de la escuela de El Bobadal donde ocurrió el asesinato y, de paso, en las demás escuelas de Tartagal.

Pero sin dudas la actividad estrella de entre todas las planificadas por el gobierno es la misa que se celebrará pasado mañana, día jueves 9 de octubre, en coincidencia con una jornada de reflexión. El gobierno de Urtubey no solucionará los problemas, pero hay que reconocerle que cuando ocurre un fallecimiento organiza unas hermosas misas.

Responsables de toda esta ayuda tardía (incluida la espiritual) son los ministros Roberto Dib Ashur y Marianela Cansino, de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Derechos Humanos, respectivamente.