El diputado provincial Lucas Godoy, el Partido Justicialista de Salta, es autor de un proyecto de ley por el cual las llamadas cooperadoras asistenciales municipales -unas agencias que gestionan prestaciones sociales urgentes para personas en situación de extrema vulnerabilidad y que son financiadas íntegramente por fondos públicos- pasarán a ser gestionadas por un «board of directors» integrado por representantes de la iglesia católica y de «otros cultos legalmente reconocidos en la Provincia de Salta». La iniciativa, que supone la privatización de hecho de la ayuda social que brindan los municipios, responde claramente a orientaciones ideológicas neoliberales, ya que es desde posiciones de derecha que se cuestiona la viabilidad y la transparencia de las agencias de protección gestionadas por el Estado y se aboga por la transferencia a organizaciones sociales no estatales de toda responsabilidad de ayuda a los pobres.
Pero no solo la orientación es neoliberal sino también sus argumentos. En los fundamentos del proyecto del diputado Godoy se afirma que «se busca dinamizar el trabajo de las cooperadoras, limitando la burocracia administrativa e incorporando actores de acción directa en el trato con personas de escasos recursos, justamente la franja a la que apunta solucionarle problemas dichos organismos».
Demás está decir, que son los conservadores los que han denunciado las carencias del Estado de Bienestar y la tendencia a burocratizar sus servicios. Es la derecha la que afirma que este tipo de ayudas sociales en manos del Estado son cada vez más caras y menos eficientes.
Un atraso de varios siglos
Pero el proyecto de Godoy no es un proyecto neoliberal clásico porque no coloca la ayuda social en manos de organizaciones libres surgidas en el seno de la sociedad civil sino en manos de las confesiones religiosas, algo que probablemente no ocurría desde el siglo XVII.La inequidad y el anacronismo de este proyecto no se corrigen por el hecho de que junto a la iglesia católica concurran a la gestión de las cooperadoras representantes de otros cultos reconocidos. El problema de fondo es la conversión de un servicio civil, que opera (o debería operar) con criterios cívicos, neutrales desde el punto de vista ideológico, en un servicio religioso presidido por otros criterios y guiado por otras finalidades.
En el caso de la iglesia católica, la asunción de responsabilidades de gestión directa de los recursos públicos destinados a la ayuda social colisiona con las actividades que la propia Iglesia realiza a través de organizaciones como Cáritas que gestionan la asistencia a las personas vulnerables con sus propios recursos.
La injerencia de la iglesia católica y de otras confesiones en la gestión de la ayuda social municipal con fondos públicos supondrá, en la práctica, sustituir el acceso a las prestaciones basado en la noción de derecho subjetivo por la caridad y el compromiso social del Estado -que deriva de normas constitucionales- por la compasión.
Desde este último punto de vista, el proyecto del diputado Godoy comporta una renuncia explícita a convertir a las cooperadoras asistenciales municipales -hoy lastradas por la demagogia y la opacidad de sus procedimientos- en modernas agencias estatales de prestación de servicios sociales equitativos, impersonales, transparentes y de calidad.
Sensibilidad social y transparencia
Al decir que la incorporación de las confesiones religiosas a la gestión de la ayuda social municipal desterrará posibles conductas de clientelismo político, garantizará la transparencia y reforzará la seguridad social, el Estado -por obra y gracia del diputado Godoy- reconoce una derrota aplastante.Si el Estado se declara incapaz de combatir con éxito el clientelismo político, si renuncia a introducir mayor transparencia en sus procedimientos y asume que los servidores civiles carecen de la sensibilidad social necesaria, reconociendo al mismo tiempo que todas estas virtudes se encuentran en la Iglesia, lo mejor sería que el Estado cerrara sus puertas definitivamente y dejara gobernar a los obispos, como ocurría en la Edad Media.
Carga pública discriminatoria y no equitativa
Según parece, a la Iglesia no le parece mal esta iniciativa, aunque quizá debería emitir alguna opinión acerca del artículo que prevé que el desempeño del cargo de director en una Cooperadora Asistencial tiene carácter de carga pública; es decir, de un deber personal, público, compulsivo e irrenunciable, con independencia de cualquier voluntad en contrario del elegido.La característica esencial de la carga pública es la de su obligatoriedad e imposición por acto unilateral del Estado, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esta obligatoriedad se complementa con otros caracteres que contribuyen a definir su esencia, como la existencia de una disposición legal, su determinación, su certeza y, fundamentalmente, su alcance igualitario.