Al final, el pleno de la cámara aprobó el dictamen mayoritario de las comisiones que estudiaron proyecto, que eliminó el número mínimo y máximo de jueces que establecía el proyecto original del gobierno, fijando con claridad el número de jueces en nueve.
Pero además de esta precisión, los diputados han eliminado del texto de la ley la «disidencia» como causa para proceder al reemplazo de los jueces titulares de la Corte de Justicia por sustitutos provenientes de órganos inferiores.
Al mismo tiempo, el texto aprobado anoche en el recinto legislativo salteño prevé que en el caso de que, en los supuestos legales de reemplazo, serán llamados a integrar la Corte, por sorteo, los jueces de tribunales de segunda instancia de todos los órdenes jurisdiccionales («fueros», en la terminología salteña), cuando la naturaleza del asunto no se correspondiera a ninguno de ellos, como sucede por ejemplo con las cuestiones constitucionales y de derecho público provincial.
Las tres modificaciones habían sido sugeridas por Iruya.com en su publicación del domingo 9 de febrero pasado.
Mientras la sesión se desarrollaba en un clima bronco y áspero, y en medio de intervenciones cargadas de dogmatismo y caracterizadas por la pobreza del lenguaje parlamentario, el presidente Amat concedió la palabra al portavoz de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el cerrillano Gonzalo Caro Dávalos, quien en una demostración de sensatez y sentido común jurídicos defendió con una solvencia poco acostumbrada para el nivel parlamentario salteño las enmiendas introducidas por los diputados al texto original enviado a la Cámara por el Poder Ejecutivo.
La emergencia sociosanitaria, punto de fricción
Poco antes de iniciarse el debate de los asuntos enviados por el gobierno, y más señaladamente cuando se abrió la discusión del polémico proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, surgió la cuestión del Decreto de Necesidad y Urgencia a través del cual el gobernador Gustavo Sáenz instauró el estado de emergencia sociosanitaria en tres demarcaciones territoriales del norte de la Provincia.Legisladores de la oposición entendían, con razón, de que el DNU debió haber sido incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias, conforme lo prevé el tercer párrafo del artículo 145 de la Constitución provincial.
El diputado radical Héctor Martín Chibán sostuvo en el recinto que fueron los diputados que todavía responden al exgobernador Urtubey y defienden su gestión los que bloquearon la posibilidad de que el DNU fuera debatido por la Legislatura. El legislador insinuó que hubo un pacto entre los legisladores oficialistas y los aliados de Urtubey para tratar en sesiones extraordinarias el proyecto de reforma de la Corte de Justicia, a cambio de que no se ventilara el DNU.
A juicio de Chibán, los partidarios de Urtubey no quieren «que el asunto de la pobreza extrema y de la muerte de niños se revuelva», para no tener que rendir cuentas (especialmente de las cantidades de dinero gastadas y jamás justificadas) y para no tener que hacerse cargo del descalabro.
El diputado trotskista Claudio del Pla sostuvo la tesis de que la convocatoria a extraordinarias por el gobierno no es necesaria en caso de DNU, deslizando que la Cámara podría tratarlo sin necesidad de una convocatoria específica.
El presidente Esteban Amat, que se estrenaba en el estrado, retiró la palabra a Chibán por supuestamente haberse apartado de la cuestión sometida a debate y le apagó el micrófono. Sin embargo, permitió que otros diputados, como Socorro Villamayor, Jesús Ramón Villa o Baltasar Lara Gros se refirieran al mismo tema, sin ser interrumpidos.
Amat también fue corregido en plena sesión por el anterior presidente de la Cámara, el diputado Santiago Godoy, quien le observó atinadamente una clara omisión en el procedimiento de votación de los asuntos, obligando al novato presidente a rectificar.