El diputado Chibán quiere que legisladores analicen la conformación de la Corte de Justicia

  • El legislador radical ha calificado como 'atropello a las instituciones' la pretensión de la Asociación de Jueces y de un exmagistrado federal de mediante una sentencia judicial se pueda modificar la Constitución de Salta para que quienes integran la Corte de Justicia puedan desempeñar sus cargos de por vida.
  • Movimientos contra el golpe de Estado judicial

El diputado provincial por la UCR de Salta, señor Héctor Chibán ha solicitado a la cámara la conformación de una «comisión de estudio», integrada por legisladores de ambas cámaras, analice la conformación por sorteo de la Corte de Justicia que deberá decidir la suerte de las dos acciones populares de inconstitucionalidad cuyo objeto es conseguir que los jueces que integran aquel tribunal desempeñen sus cargos de forma vitalicia, en contra de lo establecido por la Constitución provincial.


Durante la sesión celebrada anoche por los diputados de Salta, Chibán ha recordado que tres de los siete jueces que resultaron sorteados son jubilados y que integran el Tribunal de Impugnación de lo penal, sin el preceptivo acuerdo del Senado provincial y sin cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes.

Recuerda el legislador radical que la Corte Suprema federal ha desestimado ya una pretensión en tal sentido, luego de que se declarara incompetente para decidir una cuestión que el alto tribunal nacional considera que es materia reservada al derecho público provincial.

Chibán ha registrado en la cámara un pedido de informes acerca de la designación y conformación por sorteo de la Corte de Justicia, después de que sus integrantes habituales decidieran abstenerse, ante la posibilidad de que la sentencia que llegue a poner fin al proceso los convierta, de golpe, en jueces sin fecha de caducidad.

El legislador radical ha insistido en que una comisión bicameral debe estudiar el asunto y emitir una opinión al respecto.

Durante su alocución, Chibán ha pedido a sus pares que se hagan cargo «del atropello a las instituciones que se está aconteciendo», porque, a su entender -que coincide con la opinión ampliamente mayoritaria del arco político salteño, «no se puede modificar la Constitución de la provincia con una sentencia judicial».

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