Los senadores provinciales opositores Américo Liendro y Miguel Nanni presentaron ayer al Senado de Salta un proyecto de resolución por el que se requiere al Secretario General de la Gobernación y al Ministro de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos para que informen sobre los siguientes puntos: a) Cantidad de vehículos para uso oficial que están en circulación desde 2011 a la fecha, con detalle de asignación por ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones y funcionarios, como así también la utilización respectiva, misiones y funciones de los mismos.
b) Si se ha detectado un uso indebido e incorrecto de estos bienes.
c) Detalle de las altas y bajas patrimoniales de tales rodados desde 2011 a la fecha.
d) Sumas dinerarias que implicó la adquisición de vehículos oficiales desde 2011 a la fecha.
e) Modalidad de la compra de dichos vehículos, detalle de las empresas adjudicatarias.
El proyecto de Liendro y Nanni, que ha sido registrado en la Mesa de Entradas de la cámara con el número de expediente 90–22624/14, tiene por finalidad, según sus autores, que el gobierno brinde precisiones sobre la cantidad de vehículos oficiales que están en circulación en la actualidad, así como conocer qué ministerios, secretarías, subsecretarías y funcionarios los utilizan.
En una comunicación de prensa, los senadores dicen que desde hace tiempo, los medios de comunicación vienen denunciando que funcionarios del gobierno utilizan estos vehículos para fines particulares.
Sin decirlo expresamente, los legisladores se refieren a la denuncia publicada ayer por el diario El Tribuno de Salta y que señala al Ministro de Trabajo del gobierno provincial, Eduardo Costello, como uno de los funcionarios que utiliza sin pudor vehículos oficiales para llevar sus hijos a la escuela, entre otras finalidades alejadas del destino público de estos bienes.
Dicen Liendro y Nanni que las noticias de que los funcionarios del gobierno usan los coches oficiales para cuestiones personales propicia el «mal humor social», además de vulnerar las normas vigentes y alentar la imagen de funcionarios incursos en serias conductas de incumplimiento de sus deberes que dejan en evidencia «una situación lindante a la corrupción».