El fiscal federal Guillermo Marijuán, solicitó ayer la apertura formal de una investigación penal sobre el origen del dinero robado en noviembre pasado de la casa de la Vicepresidente de la Nación, señora Gabriela Michetti. La información, suministrada por la agencia Télam, desmiente implícitamente las versiones difundidas por otros medios de que Michetti había sido imputada por un inexistente delito de «dinero de origen dudoso».
Marijuán ejerció sus atribuciones legales en un escrito dirigido al juez federal Ariel Lijo, quien aún no se ha pronunciado sobre lo interesado por el fiscal, a pesar de que la propia Michetti ha declarado su conformidad con la posibilidad de que sea investigada.
Según Télam, la Vicepresidente la Nación ha dicho que «es perfecto que cada vez que haya una duda se nos investigue a todos», «porque así sabremos quién es quién en la Argentina».
En este caso, no se investigará a «todos», como sostiene Michetti, sino a ella sola.
«De acuerdo a los términos de la denuncia que origina la presente, resultaría imputada prima facie la licenciada Gabriela Michetti, vicepresidente de la Nación», consideró Marijuan en el dictamen al que accedió Télam. Recordemos que en el sistema procesal argentino una persona se considera imputada no cuando es señalada en la denuncia como probable autora de un delito, sino cuando el juez la cita a declarar para ejercer su defensa.
En su escrito, el fiscal aclara que el señalamiento de Michetti se produce «sin perjuicio de que nuevos elementos probatorios permitan individualizar a otros presuntos responsables de los hechos aquí develados» (sic).
Con su solicitud de apertura de investigación penal, el fiscal Marijuán da crédito a las denuncias formuladas contra Michetti por el abogado Leonardo Martínez Herrero y a las de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.
En dichas denuncias se pidió investigar si la vicepresidenta incurrió en algún delito en torno al dinero (245 mil pesos y 50 mil dólares) robado de su casa, en el barrio porteño de Balvanera, el 22 de noviembre de 2015.
Por este hecho fue procesado un custodio de la entonces senadora nacional, que justamente aquel día fue electa Vicepresidente de la Nación.
La denuncia pide también establecer si el dinero estaba declarado y corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la fundación SUMA, presidida por la funcionaria, como ella explicó. Estas pretensiones -salvo que por la cuantía pudieran ser constitutivas de delito fiscal- no son competencia del Poder Judicial sino de la administración tributaria argentina.
En su momento, Michetti dijo que, de las cantidades robadas, 45 mil pesos estaban destinados al pago de una reforma de su vivienda y que los 50 mil dólares sustraídos eran «un préstamo de su pareja», Juan Martín Tonelli Banfi.
El denunciante Martínez Herrero pidió verificar «las circunstancias relacionadas con la donación efectuada a la fundación SUMA» y corroborar «las declaraciones juradas de la actual vicepresidente desde el período 2014 hasta la fecha, y de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi, a los fines de constatar si en las mismas figuraba la suma de 50 mil dólares». La agencia Télam da a entender que la denuncia, en este punto, contiene solo sospechas de irregularidades, pero no la atribución de una conducta punible concreta.
En términos parecidos, la denuncia de los diputados Cabandié y Tailhade aludie a la Fundación SUMA, diciendo que «la mayoría de los miembros del gobierno integran o son autoridades de fundaciones que desarrollan tareas políticas de manera paralela a la que formalmente despliega el partido político PRO». Lo cual, con ser grave desde el punto de vista ético, no es constitutivo de delito alguno.
Sin embargo, Cabandié y Tailhade concretan algo más sus sospechas, ya que dicen que estas fundaciones «financian el funcionamiento del partido y sus principales dirigentes», una afirmación que afecta de lleno -aunque no se lo mencione en la denuncia- al Gobernador de la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien en abril pasado admitió recibir de fundaciones como esta pasajes de avión y gastos de estancia en el extranjero.
Para los diputados, «la mayoría de esas fundaciones registran escasa actividad estatutaria y apego a las normas legales que las regulan, resultando llamativa la contradicción entre la dinámica de sus movimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones ante el organismo encargado de controlar su vida social». Nuevamente, en este punto, la denuncia debió dirigirse -antes que al fiscal- al citado organismo encargado de controlar su vida social.
Las organizaciones mencionadas por los diputados son la fundación SUMA, FORMAR y Fundar Seguridad y Justicia. Sobre todas ellas el fiscal ha solicitado la apertura de investigación y en tal sentido ha solicitado al juez Lijo que se practiquen diferentes diligencias de prueba.
Fuente: Télam