Parece que algunos funcionarios municipales no han captado del todo bien la onda de la revolución desburocratizadora ideada y ejecutada -hasta ahora solo parcialmente- por el Intendente de Salta, Miguel Isa. Muchos de los que se aferraron primero a la letra (y después a la música) del programa municipal que tiene por objeto que los funcionarios salgan a los barrios para conocer de primera mano la situación de estos y pulsar el estado de ánimo y las necesidades de los habitantes, parecen haber regresado a la comodidad de sus escritorios, al refugio seguro de las pantallas de sus computadoras.
Ya no se trata -al parecer- de que el funcionario vaya personalmente a los barrios a ver dónde se localizan sus agujeros negros (como quiere el Intendente) sino de que sea el vecino quien denuncie a la autoridad la existencia de baches, la presencia de microbasurales, los semáforos rotos, las instalaciones clandestinas, etc.
Para cada una de estas denuncias hay un teléfono, un whatsapp o un email disponible, todos diferentes, que por muy modernos y eficientes que parezcan, al final terminan relevando al funcionario de la siempre pesada carga de tener que desplazarse a los barrios a comprobar la existencia de los problemas.
Según esta particular visión, el «buen vecino» no solo es aquel que denuncia a la autoridad lo más mínimo que sucede en su entorno, sino que tiene a mano un largo listado de números, códigos QR, direcciones email, sin que a nadie se le haya ocurrido todavía centralizar todo este tráfico de mensajería denunciante a través de un número único.
Mientras Salta se convierte en una «denunciocracia» y los ciudadanos en meros apéndices de la autoridad, los problemas siguen sin resolverse.