
La Ordenanza establece un plazo de dos años para la adecuación mediante el tendido subterráneo en los distritos AC1, AC2, AC3 y AC4 y de tres años en el distrito R1, R2, R3 y R4, conforme el plano de zonificación de usos de suelo, Anexo 1.2 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental. En ambos casos los trabajos deben iniciarse en un plazo no mayor a los 12 meses contados a partir de la fecha de promulgación de la Ordenanza.
La concejal Socorro Villamayor, autora del proyecto, destacó en sus fundamentos que “a dos meses que se venza el plazo de cinco años establecido por una normativa de 2009 incluida en el Código de Planeamiento Urbano, nos vemos en la obligación de legislar y poner a las empresas a cumplir con el soterramiento del cableado. El área de Planeamiento Urbano nada hizo en este tiempo para el cumplimiento del Código. Ha generado un estado laxo en cuanto a la obligación establecida en el artículo 262 del Código para que se proceda a canalizar vía subterránea el cableado en los distrito AC1, AC2, AC3 y AC4”.
Asimismo, señaló que en su proyecto se establecen nuevos plazos de dos años en el centro y de tres en el macrocentro, con la novedad que se impone una multa de 2.000 pesos por día a las empresas ante el incumplimiento.
Villamayor criticó la gestión de la funcionaria responsable de la planificación urbana, señora Fanny Velarde de quien dijo se encuentra en mora de solo considerar que a finales de año ya tendría que haberse erradicado el cableado.
Por su parte, el concejal Arturo Borelli manifestó que el proyecto de su bancada fija plazos más cortos, exigiendo el soterramiento de los cables y no otras técnicas. Recordó que otras ciudades como Mar del Plata, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Rosario ya han resuelto el problema de la inseguridad del cableado aéreo.
Tampoco estuvo de acuerdo con las cifras presentadas por EDESA para el soterramiento y consideró que debían revisar las cifras.
Las concejales Romina Arroyo y Angelita Di Bez solicitaron que el proyecto volviera a comisión. Las ediles señalaron que los empresarios habían solicitado un plazo de 10 días para presentar un plan de trabajo.
Tras un receso, se aprobó la Ordenanza en general y en particular.