A estas alturas, la invocación ciega del federalismo como remedio polivalente y como garantía de equidad y prosperidad se ha convertido en una obsesión.
Las personas que se obsesionan con un determinado objeto o con una determinada idea no solamente piensan en ellas frecuentemente, sino que se dedican a hacer solo eso cuando deberían pensar en cosas diferentes. El caso del Gobernador de Salta en particular es para un estudio psiquiátrico profundo en algún centro especializado de Viena de sus aledaños.
La obsesión a menudo conduce a la desgracia y la obsesión por el federalismo no es la excepción.
La primera y más obvia de estas desgracias es la confusión conceptual que trae aparejado el uso frecuente e impreciso de esta categoría política. Porque si usamos el término federalismo para describir varios tipos diferentes de estados unitarios, no tendremos jamás forma de distinguir entre estas naciones y las que verdaderamente son federales. Por consiguiente, perderemos la forma más conveniente de identificar un régimen federal.
La segunda desgracia es que tendemos a exagerar notablemente los beneficios del federalismo, atribuyéndole una cierta clase de beneficios que, por lo general, fluyen de otras fuentes, como las políticas correctas de desarrollo y cohesión territorial. En un país formalmente federal, pero en donde no se practica el federalismo del modo en que está establecido en las constituciones, esta tendencia a la exageración es mucho mayor.
La tercera desgracia es la tendencia a minimizar las desventajas y los peligros del federalismo, recomendando su aplicación en determinados contextos políticos y territoriales en donde no es necesario ni recomendable.
Excepto la primera -que es puramente conceptual- las dos restantes son esencialmente desgracias políticas, porque el federalismo no es algo que se deba establecer de forma casual o indiscriminada. El federalismo no es -como piensa y afirma Urtubey- una solución a los problemas ordinarios de gobernanza sino un remedio excepcional. Así lo concibieron los constituyentes argentinos de 1853.
El Gobernador de Salta, al pregonar la solución federal como soporte casi único de su candidatura vicepresidencial pierde de vista el carácter esencial del federalismo, que, por lo que ha demostrado en los últimos años, parece incapaz de reconocer.
Este breve artículo es el lugar menos adecuado para explorar aquel carácter con la debida profundidad, de modo que, a modo de conclusión y sin ninguna pretensión de echar el cerrojo sobre el debate, diré que existe un consenso suficientemente amplio en la ciencia política y en la literatura especializada en torno a que el federalismo no es una ideología, no es un medio de movilización, ni tampoco es el camino hacia la salvación política.
Es solo un modo particular de gobernar un territorio caracterizado por el reconocimiento -generalmente pactado- de derechos de autonomía parciales pero permanentes a determinadas unidades subnacionales de un determinado Estado, que son definidas geográficamente, en función de factores históricos o culturales.
Como tal, el federalismo debe ser distinguido cuidadosamente de otras formas de gobernar que presentan un parecido superficial puesto que de algún modo incluyen formas de división o de delegación del poder soberano de un Estado.
También hay consenso entre los especialistas acerca de que el federalismo es una categoría esencialmente política y que el llamado federalismo económico -algo sobre lo que Urtubey viene insistiendo hasta el cansancio- es una deformación inadmisible, una forma muy meditada de enfrentar a unos territorios con otros y acabar con la unidad del Estado.
Pero para no hacer de este escrito un ensayo y referirme a las incorrecciones e inconcreciones del discurso del candidato, diré para finalizar que tanto desde el punto de vista histórico como del político el homenaje a los hombres que declararon la independencia en 1816 como una reivindicación federalista es un error mayúsculo.
No se debe olvidar que la primera constitución soberana del país, que fue aprobada en 1819, fue un producto del mismo Congreso de Tucumán que tres años antes declaró la independencia del nuevo país. Y que aquella constitución fue claramente unitaria, como lo fue también la aprobada en 1826, aun después de que los llamados caudillos federales se alzaran contra el Directorio de José Rondeau y consiguieran deponerlo.
Si el diseño federal de nuestra Constitución no es bueno, lo que corresponde es cambiarlo por uno que lo sea. Si se ha quedado obsoleto, se deberá actualizarlo. Y si no ha ocurrido ninguna de las dos cosas anteriores, lo que se debe hacer es ponerlo a funcionar, tal cual ha sido concebido por sus creadores.
Todo lo demás -incluido el convertirlo en bandera de una fracción política, manipularlo como un sentimiento y prometer soluciones mágicas para casi todos los problemas conocidos- no es federalismo. Es populismo, y del peor.