Después de encadenar una serie de confinamientos y cuarentenas en diferentes lugares, Juan Manuel Urtubey se encuentra de frente con la necesidad de restañar su imagen dañada ante una opinión pública nacional que no ha querido o no ha sido capaz de digerir las fantasías que el mismo personaje vendió a sus comprovincianos en la Provincia de Salta durante casi un cuarto de siglo de activo protagonismo en la vida política de la aldea.
El intento de Urtubey de rescatar su prestigio de las llamas tropieza con el pequeño inconveniente de que algunos de los que fueron sus aliados en el periodo 2007-2019 están atravesando lo que en las esquelas funerarias se designa con el nombre de «momento difícil».
A la cabeza del pelotón marcha el exintendente de Campo Quijano, señor Cornejo Jovanovics, presunto autor de graves delitos contra la administración municipal, a quien una jueza de Garantías de la ciudad le perdonó la vida al no estimar el pedido de detención inmediata formulado por la fiscal que investigó las tropelías cometidas contra el erario del Municipio de Campo Quijano.
Lo sigue de cerca la colorida sindicalista Patricia Argañaraz, quien fuera lideresa indiscutida el sindicato de trabajadores docentes que durante 12 años le bailó el agua a Urtubey. La señora Argañaraz enfrenta un sombrío panorama después de que sus propios compañeros la destituyeran de su cargo. Ahora, un fiscal penal de la Provincia le ha imputado un delito de administración fraudulenta en perjuicio del sindicato ADP y varias estafas.
En un discreto tercer lugar marcha el exintendente de Rosario de Lerma y actual vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial, señor Ignacio Jarsún Lamónaca, envuelto en un escándalo -por ahora solo mediático- a raíz de una publicación en Facebook en la que se muestra partidario de los linchamientos de presuntos delincuentes y de la aplicación de la pena de muerte. Una concejal de Rosario de Lerma pide que Jarsún rinda cuentas de los movimientos bancarios de su último año al frente de la Intendencia Municipal y, en concreto, que aclare el destino de 174 millones de pesos cuya rendición no ha sido debidamente presentada.
A la lista se suma el exintendente de la villa de San Lorenzo, señor Ernesto Fernando Gonza, probablemente más conocido por su apodo de Kila. Hace un par de días, la fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos ha pedido al juez de Garantías competente el enjuiciamiento de Gonza por los delitos de peculado, omisión de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de su cargo.
Cierra el lote, quien fuera concejal de Urtubey en la Municipalidad de Salvador Mazza, señor Mauricio Esteban Gerónimo, actualmente detenido, pero que se mantuvo prófugo de la justicia desde febrero de 2016, fecha en la que se comprobó su presunta implicación en una operación de tráfico de drogas en la frontera con Bolivia.
El resto de los partidarios de Urtubey han conseguido cobijarse bajo la generosa ala del gobernador Gustavo Sáenz, quien en su obsesión por las ambulancias, ha mandado a recoger a los heridos, preteridos y desheredados del urtubeysmo y los ha incorporado (en algunos casos, silenciosamente) a su gobierno. Entre los beneficiados por la operación «sanitaria» de Sáenz hay personas normales y otros, que por su denso pasado, hacen cola para seguir los pasos de Cornejo, Argañaraz, Jarsún, Gonza y Gerónimo.