Lamentablemente, la señora Romero no ha tenido en cuenta que el llamado Ingreso Familiar de Emergencia es una prestación diseñada específicamente para personas vulnerables.
El artículo 2º del Decreto 310/2020 dice que esta prestación extraordinaria podrá ser percibido por:
1) personas que se encuentren desocupadas;
2) personas que se desempeñen en la economía informal;
3) personas que sean monotributistas en las categorías A y B;
4) personas que sean monotributistas sociales;
5) personas que trabajen en casas particulares.
Es decir, lo que desea la señora Romero es que en Salta haya muchas personas desempleadas, con empleos no registrados o que sean contribuyentes de las categorías tributarias más bajas y muchos trabajadores y trabajadoras domésticas.
Y no solo eso, puesto que dentro de este universo, el Decreto 310/2020 establece varias restricciones, como que el solicitante de la IFE carezca de ingresos por trabajo registrado, que no perciba prestación por desempleo, ni jubilaciones o pensiones de ningún régimen ni alcance territorial.
Es decir que el «deseo» de que «la mayor cantidad de salteños» cobre esta ayuda equivale al deseo de que «la mayor cantidad de salteños» se encuentre a pocos pasos del abismo económico.
Teniendo en cuenta el objeto que tiene esta prestación del gobierno y a qué personas está destinado, lo saludable es desear que llegue a la menor cantidad de salteños posible.
Cuando nos enteremos de que la Provincia de Salta ha aportado, efectivamente, la mayor cantidad de perceptores de la IFE en relación con su población, nos daremos cuenta del verdadero estado de la economía.
Pero una cosa es certificar lo mal que estamos y otra es celebrarlo con deseos que exceden la razonabilidad y lesionan el buen gusto.
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