El Gobernador de Salta -un ahorrador nato- parece juramentado en no gastar un solo peso de su bolsillo para financiar su costosa campaña de imagen a nivel nacional.
Hasta ahora, la jugada le ha salido bien, porque entre el control económico que ejerce sobre la mayoría de medios de comunicación de Salta y el control político que ejerce sobre sus más notorios opositores (neutralizados por la dependencia económica que sus hijos mantienen con el gobierno provincial), nadie en Salta ha salido a denunciar el uso abusivo de los recursos del Estado salteño en la campaña de Juan Manuel Urtubey.
El asunto podría ser todavía peor, si en otros lugares que no son Salta no se hubieran encendido las luces de alarma por esta reprochable actitud, que no solo rompe con las reglas de financiación de las campañas políticas y, por ende, con las de la libre y transparente competencia democrática, sino que también perjudica de forma notoria los intereses colectivos de los ciudadanos de Salta.
El modus operandi es muy simple: Urtubey viaja a donde se le antoja en el avión oficial de la Provincia de Salta y firma con los intendentes municipales de los pueblos más ignotos del país un «convenio de promoción turística», sin ningún efecto beneficioso sobre la actividad en Salta, y aprovecha que la firma del convenio puede ser considerada un «acto de gobierno» para que el aparato oficial de comunicación del gobierno (que es mantenido con el dinero de todos los salteños) recoja prolijamente sus «declaraciones».
Pero estas declaraciones no tienen nada que ver ni con Salta ni con el turismo, sino que están referidas invariablemente a la «situación nacional», a la economía del país, a su sistema político, a sus expectativas de crecimiento o de cambio. Un discurso que, por cierto, va cambiando conforme avanza la campaña y los resultados de las encuestas señalan lo que el candidato debe decir en cada uno de los lugares que visita.
Bien visto, se trata de un avance, porque hasta hace poco Urtubey ni siquiera se tomaba la molestia de suscribir convenios; simplemente aterrizaba en un lugar, se enfundaba la sotana y, sin necesidad de ascender al púlpito, desgranaba su salmodia salvífica.
Ahora, desde que las críticas han empezado a hacerse sentir -insistimos, no en Salta-, para que el Gobernador pueda difundir con amplitud y audiencia asegurada su particular evangelio proselitista, y sobre todo para que pueda hacerlo de forma gratuita en las páginas oficiales que los salteños pagan para enterarse de los actos de gobierno, se requiere la firma de un «convenio», normalmente pomposo e invariablemente inútil.
Pero si es tan evidente y descarada esta forma de operar ¿por qué las alarmas se han disparado en otros lugares y no en Salta?
El silencio de la oposición política y de los «observadores» de la calidad institucional en Salta solo se explica por la intensidad del control que, sobre unos y otros, ejerce Urtubey desde hace muchos años. Nadie hasta ahora se ha animado a denunciarlo.
No hay en las cámaras legislativas ninguna iniciativa que apunte a condenar estas prácticas dañinas tanto para el erario como para la libre competencia democrática, así como tampoco -según parece- hay legisladores interesados en que el Gobernador y sus ministros den las explicaciones que corresponde y rindan las cuentas que deben por lo que tiene toda la apariencia de ser un desvío de recursos públicos para fines particulares.
Ningún ciudadano particular se ha presentado tampoco a los tribunales a exigir las responsabilidades del caso, y los que habitualmente cacarean en los diarios por las continuas faltas de respeto a los derechos humanos guardan un vergonzoso silencio frente a lo que constituye un atropello mayúsculo a las libertades más fundamentales del ser humano.