Sin embargo, ni el artículo 159 de la Constitución provincial de Salta ni la ley 7016 autorizan que este órgano constitucional pueda intervenir en otro tipo de concursos que no sea los legalmente convocados para seleccionar (1) jueces inferiores del Poder Judicial, (2) jueces de Paz letrados y (3) funcionarios del Ministerio Público provincial.
La intervención del Consejo de la Magistratura en los concursos para designar a los asistentes sociales que prestarán servicios directamente a la Corte de Justicia ha sido anunciado hoy mismo con una preocupante naturalidad, tal como si la Corte de Justicia y el Consejo de la Magistratura fuesen una sola cosa.
En efecto. No solamente el examen de los candidatos a asistente social judicial se ha tomado en las instalaciones físicas del Consejo de la Magistratura, sino que el tribunal examinador ha estado presidido por la jueza Sandra Bonari, quien también preside el Consejo de la Magistratura, y cuyos conocimientos sobre la ciencia del trabajo social no se encuentran de ningún modo acreditados.
Para mayor confusión todavía, el propio Consejo de la Magistratura, que nada tiene que ver ni con los asistentes sociales ni con sus procedimientos de selección, se ha prestado a «custodiar» las urnas que contienen la identificación de los candidatos admitidos al concurso.
La intervención -inconstitucional e ilegal- del Consejo de la Magistratura en un concurso de tono menor como este solo tiene un efecto: el de echar por tierra los esfuerzos de quienes afirman la independencia de este órgano constitucional respecto de la Corte de Justicia.
Tal vez si el día de mañana la señora Bonari necesita seleccionar una limpiadora para su oficina, decida también utilizar los recursos que el Estado asigna al Consejo de la Magistratura para los concursos de magistrados e, incluso, haga custodiar las urnas por el Tribunal Electoral y sancione a la empleada elegida a través del Jurado de Enjuiciamiento.
Cuando se trata de la Corte de Justicia, todo parece valer en Salta.