El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano constitucional encargado de juzgar y destituir a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público de Salta, ha señalado el próximo día lunes 21 de abril, a las 10.30, para la celebración de la reunión en la que se estudiará el pedido de destitución interpuesto por organizaciones civiles contra el titular del Juzgado de Personas y Familia de Segunda Nominación, señor Víctor Raúl Soria, y contra la Asesora de Incapaces Nº 2, señora Claudia Marcela Flores Larsen. La petición ha sido formulada por Verónica Caliva, de la Fundación entre Mujeres, y por Adchjian Manasés, de la Asociación Civil Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentinos.
Los hechos
Soria y Flores Larsen intervinieron en diciembre pasado en el caso de una menor de 13 años, embarazada como consecuencia de la violación de su padrastro, cuyos representantes legales habían solicitado la interrupción del embarazo, con amparo en lo dispuesto en el inciso 2º, primera parte del artículo 86 del Código Penal, en conexión con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo de 2012 y Decreto Nº 1170/2012 del Gobernador de la Provincia de Salta, que establece el procedimiento a seguir para la asistencia de víctimas de violencia sexual y atención de abortos no punibles en hospitales públicos.El pasado día 21 de noviembre de 2013, Flores Larsen interpuso una acción de amparo ante el Juzgado del juez Soria invocando la representación del hijo no nacido de la adolescente violada, con la pretensión de que el juez impidiese que la menor, violada y golpeada reiteradamente por su padrastro, interrumpa el embarazo.
Tres semanas más tarde, Soria concedió el amparo solicitado por Flores Larsen y en su resolución prohibió «ejecutar cualquier práctica médica o de cualquier índole que pudiera interrumpir o evitar la gestación natural del niño por nacer, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y remitir los antecedentes a la justicia penal».
El juez, no obstante, avanzó mucho más allá de lo peticionado en el amparo al declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1170/2012 del Gobernador de la Provincia de Salta, cuya adecuación a la Constitución Provincial había sido declarada poco tiempo antes por la Corte de Justicia provincial; y al disponer también «que llegado el momento del nacimiento del hijo de la menor se le allane el camino a la niña-madre para una futura adopción».
La intervención de Flores Larsen y la posterior resolución de Soria provocaron un revuelo internacional casi inmediato y la condena casi unánime de las organizaciones que defienden los derechos de la mujer.