Una de las primeras medidas adoptadas por Toranzos ha sido el oficio dirigido al Ministro de Salud Pública del gobierno provincial de Salta, señor Juan José Esteban, a quien el instructor federal ha requerido un pormenorizado detalle del plan de vacunación que ha puesto en marcha el gobierno de Gustavo Sáenz.
Las noticias -aún no debidamente confirmadas- de la posible vacunación irregular de un medio centenar de empleados públicos que prestan sus servicios en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que depende del Ministerio Público provincial, y más recientemente, la versión que habla de la vacunación de privilegio de los jueces y juezas que integran la Corte de Justicia de Salta ha hecho que las alarmas se disparen en la jurisdicción federal.
También ha contribuido a generar este clima de inquietud el hecho de que la Cámara de Diputados de Salta esté tramitando al menos dos pedidos de informes diferentes, encaminados a esclarecer la posible vacunación irregular de personas que no se encuentran incluidas en los grupos definidos por el gobierno como receptores prioritarios de las dosis recibidas del gobierno nacional.
Hasta el momento, según la información oficial, el gobierno tiene previsto vacunar contra la COVID-19 a los trabajadores sanitarios, a las personas mayores de 70 años que gestionaron oportunamente sus turnos, y, próximamente, a algunos trabajadores del sector de la educación. Se da por hecho que la vacunación de otros grupos comenzará cuando se hayan vacunado todos los pertenecientes a los grupos anteriores, considerados prioritarios.
El oficio de Toranzos dirigido al ministro Esteban se encuentra amparado en el artículo 174 del Código Procesal Penal Federal, en virtud del cual el funcionario del gobierno provincial deberá informar el número de vacunas contra la COVID-19 que han sido enviadas a la Provincia de Salta por el Ministerio de Salud de la Nación.
El requerimiento comprende también la lista de organismos o personas destinatarias de las vacunas, con mención de su registro en el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino (SISA). Si los destinatarios se encuentran registrados, el ministro Esteban deberá remitir a la fiscalía federal la lista de personas beneficiarias y la de quienes aplicaron las vacunas. La lista de personas vacunadas deberá ser acompañada por el calendario y el protocolo de vacunación, así como por la expresión de las fechas y los lugares en los que se procedió a la inmunización.