La primera de estas condenas ha sido pronunciada por el juez Pablo Farah, miembro interino de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta. El condenado es un ciudadano de nombre Cristian Facundo Medrano y el delito que ha motivado la condena es el de estupro continuado.
La noticia en sí es un poco extraña, puesto que la pena que Farah le ha impuesto a Medrano es de tres años de prisión de ejecución condicional, pero como el causante debía cumplir también con una condena anterior, impuesta por la Tercera Sala del mismo tribunal, Farah le «unificó» la condena, quedando esta -sorprendentemente- en los mismos tres años de prisión condicional.
El caso es que Medrano quedó en libertad, a pesar de que la primera condena sumó cero, sin perjuicio del cumplimiento de una serie de reglas de conducta.
En otro caso, la magistrada señora María Victoria Montoya Quiroga ha condenado al ciudadano Matías Gabriel Colque a la pena de seis meses de prisión efectiva por el delito de robo simple.
A diferencia de Medrano, Colque sí ingresará en prisión, ya que la señora Montoya Quiroga -lo mismo que Farah- le «unificó» la condena, pero no la dejó en la misma cuantía sino que la aumentó de los seis meses a los cuatro años y dos meses de prisión efectiva.
El joven Colque, de 25 años, deberá pues prolongar su residencia en la saturada cárcel de Villa Las Rosas.
Según el portavoz de prensa del Poder Judicial, el joven Colque, en compañía de otras personas, interceptó al denunciante cuando este caminaba un pasaje del barrio Ceferino. Dice el parte que le «entre todos» lo golpearon (lo aguaicaron, en realidad) y le sustrajeron un bolso donde llevaba una notebook, un celular y prendas de vestir. También le robaron dinero en efectivo.
Lo sorprendente del caso es que solo haya sido condenado por este hecho el joven Colque. ¿Y los otros?
Dudas sobre la efectividad de los tratamientos psicológicos
Para mantener una plantilla tan numerosa de psicólogas (y psicólogos), el Poder Judicial de Salta tiene que darles algo para hacer.Las jurisdicciones favoritas son la de familia y la penal, aunque en este último caso, las frecuentes resoluciones judiciales que ordenan tratamiento psicológico para condenados o personas beneficiadas con la suspensión del juicio a prueba no parecen venir acompañadas de resultados espectaculares, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de «pecadores» que vuelven a caer en la tentación.
Estos resultados dudosos obligan a pensar si el Estado debe gastar en costosas terapias encaminadas a que un agresor de mujeres «modere sus impulsos violentos» para que al final terminen reincidiendo y moliendo a palos a sus parejas o exparejas.
La intención es buena, pero solo con la intención no basta. Los resultados también tienen que ayudar, y si se mantiene el desfile carnavalesco de reincidente delante de los estrados judiciales, todo el sistema de soporte psicológico del Poder Judicial se mantiene en entredicho.