El asunto tiene algunas conexiones no tan remotas con sucesos lamentables aún no debidamente esclarecidos por la justicia provincial, como las torturas, violación y asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, hechos ocurridos en Salta entre mediados y finales de julio de 2011.
En efecto, la resolución judicial que pone en duda la actuación regular y amparada en derecho de la señora Simesen de Bielke fue pronunciada por el mismo juez que redactó la sentencia que, sin volver a reproducir el juicio y sin haber presenciado la producción de prueba personal, decidió convertir en cadena perpetua la decisión del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta que, tras juzgarlo cara a cara, resolvió absolver por falta de prueba incriminatoria suficiente al jardinero sanlorenceño Santos Clemente Vera.
El magistrado Luciano Martini Bonari, hijo de la jueza de la Corte de Justicia Sandra Bonari Valdez, y excolaborador del presidente de este mismo tribunal Guillermo Alberto Catalano, se ha deshecho de la incómoda señora Simesen de Bielke y, de paso, le ha echado un cable subterráneo al comisario Walter Exequiel Mamaní, señalado por algunos medios franceses como uno de los responsables de haber desviado la investigación judicial del crimen de Bouvier y Moumni. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara.
No se ha de olvidar que en declaraciones más o menos recientes, la señora Simesen de Bielke se había mostrado partidaria de reabrir la investigación judicial del crimen de las turistas francesas, congelada desde la sentencia firmada por Martini Bonari y su colega Arias Nallar, ambos dos exfuncionarios del Senado de la Provincia de Salta cuando por sus pasillos retozaba el presidente Guillermo Alberto Catalano.
La decisión de Martini Bonari se conoce dos días después de que el expediente judicial en el que tramita el recurso de queja interpuesto por la representación procesal de Santos Clemente Vera abandonara la Vocalía nº 1 de la Corte Suprema de Justicia para encarar la recta final de su resolución. Si, como muchos esperan, el máximo tribunal federal echa abajo la arbitraria sentencia del Tribunal de Impugnación de Salta, y dependiendo de los términos en los que esté redactada, es posible que se produzca un adelanto sustantivo de los trámites jubilatorios del presidente Catalano y que los jueces Martini Bonari y Arias Nallar deban presentar su dimisión. En tal caso, la fiscal Simesen de Bielke habría ganado una batalla a lo Pirro.
El secuestro de un teléfono
Según la información oficial del Poder Judicial de Salta, Martini Bonari resolvió en contra de Simesen de Bielke, después de que la representación procesal del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, señor Sergio Dantur, interpusiera un recurso de reposición in extremis, argumentando que el secuestro practicado por la fiscal de una línea telefónica de la que era titular se llevó a cabo sin orden judicial.De acuerdo con la misma información, la señora Simesen de Bielke habría justificado la medida de secuestro en el hecho de que la línea y el terminal secuestrados pertenecían al Ministerio Público, mientras que la defensa de Dantur argumentó que tanto la línea como el aparato eran de su propiedad.
El mismo juez que convirtió una absolución completa en una condena perpetua en base a un expediente idéntico, dijo en relación con el tironeado tema del teléfono que el uso de una línea provista por el Ministerio Público Fiscal «para el desempeño de un cargo también público posee esa naturaleza y, por ende, su retención e inspección por funcionario y aún agente -en este caso por cuestiones administrativas- de ese estamento no puede afectar, de ninguna manera, el derecho a la intimidad».
Prosigue el juez diciendo que «Los teléfonos y líneas personales, en cambio, aún (sic) cuando se utilicen eventualmente para cuestiones laborales, son de propiedad de su titular y, consecuentemente, para sacarlos de su ámbito de custodia e inspeccionarlos es requisito 'sine qua non' contar con la correspondiente orden judicial».
Llamativamente, no hay nada en la información oficial de la Corte de Justicia que indique que Martini Bonari haya escrito en su sentencia que ni con los teléfonos públicos ni con los particulares, y bajo el amparo del derecho a la privacidad de las comunicaciones, se pueden cometer delitos.
Simesen de Bielke, falsa
Dice el señor juez del Tribunal de Impugnación que «la Fiscal Simesen de Bielke en ejercicio de los deberes a su cargo informó de manera asertiva y reiterada una falsedad determinante para resolver, que, a la postre, favoreció ilegítimamente su posición en detrimento de inviolables seguridades individuales, sin pasar por alto que dicha maniobra indujo a error a un órgano jurisdiccional».Según la resolución judicial, Simesen de Bielke afirmó que podía hacerse con el aparato en cualquier momento, por decisión administrativa, por razones de servicio o por cualquier otra cuestión, naciendo la consecuente obligación para el citado auxiliar fiscal -como depositario de tal objeto- de entregarlo.
Dice la información oficial que, para zanjar la cuestión, el juez requirió al operador telefónico para que informara sobre la titularidad de la línea. La empresa comunicó -dice el parte de prensa- que el único titular de la línea era Dantur, aunque la misma fuente no indica de ningún modo a través de qué mecanismo procesal obtuvo el juez la convicción de que el aparato también era propiedad del auxiliar fiscal, ya que es una información que la empresa de telecomunicaciones en una gran mayoría de casos no puede suministrar.
Según Martini Bonari, la fiscal Simesen de Bielke interpuso un pedido de «ratificación del secuestro y extracción de datos», lo que -según el mismo juez del Tribunal de Impugnación- «importa un pedido dirigido a legalizar una situación irregular que, como tal, sólo sería procedente y lógica ante el conocimiento de que la calidad pública del aparato y la línea comunicada a este Tribunal no se condice con la realidad».
Este último razonamiento ha determinado que el juez pronunciase la nulidad del punto I de la resolución de fecha 14 de octubre de 2020 y que dejó sin efecto el punto X de la resolución del Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.
La Fiscal de Derechos Humanos, presunta autora de delitos
Pero la invectiva del señor Martini Bonari no se ha quedado allí. En un párrafo, tan ambiguo como los que en su día fundamentaron la bárbara condena a prisión perpetua de Santos Clemente Vera, el juez dice lo siguiente:“La actuación de la Fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, eventualmente podría resultar constitutiva de infracciones previstas en el Código Penal, sean en perjuicio de la administración pública, la fe pública u otros bienes jurídicos” por lo que debe ser apartada de la causa corriendo vista a la fiscalía que por turno y materia corresponda, a los efectos que hubiere lugar».
Martini Bonari no cita ningún delito ni por su número de artículo ni por su nombre y se limita a enumerar una serie de bienes jurídicamente protegidos, lo que da a entender que Simesen de Bielke, encargada de perseguir en Salta los delitos que afectan a los derechos humanos, es una especie de monstruo, capaz de cometer atrocidades aun mayores que sus propios investigados.
Ello, hasta el punto de que el juez que mantiene en la cárcel a Santos Clemente Vera ha puesto en conocimiento del fiscal de turno estas conductas presuntamente delictivas de Simesen de Bielke, con la velada esperanza de que la inquieta fiscal acabe su carrera de la misma forma que el inocente jardinero de San Lorenzo.
Quizá, en algún despacho de la Ciudad Judicial de Salta hay alguien que teme que sea Simesen de Bielke la encargada de averiguar quiénes torturaron, violaron y mataron a las turistas francesas en 2011. Y si ese fuera el caso, es mejor cortar la mala hierba en el mismo momento en que empieza a crecer, porque después ya será más difícil.