En efecto, el magistrado salteño, en uso de las atribuciones constitucionales que le permiten resolver con amplia libertad las contingencias procesales del proceso de amparo no previstas en la propia Constitución, decidió en su día convocar a las partes a una audiencia de conciliación «voluntaria» que se celebró esta mañana.
Según diversas fuentes judiciales, a dicha audiencia asistieron solamente el demandante con su letrado, un empleado de la Fiscalía de Estado y el Fiscal ante la Corte de Justicia, Eduardo Sylvester, quien no se animó a acudir en persona y compareció a través de videoconferencia.
Si bien ha sido el Fiscal de Estado el que -en un claro exceso de sus facultades constitucionales y legales- ha contestado la demanda de amparo, el hecho de que la Corte haya evitado comparecer a la audiencia ha frustrado la posibilidad de un acuerdo conciliatorio, ya que el Fiscal de Estado tiene en principio restringida la facultad de avenirse, allanarse o transigir los juicios en los que interviene, sin previas instrucciones del Gobernador de la Provincia en tal sentido.
Según la opinión de diversos expertos, la incomparecencia del tribunal demandado y, especialmente, la de su representante legal, el presidente de la Corte de Justicia, pone en evidencia una maniobra para anular los esfuerzos del juez Rodríguez Pipino en busca de un acuerdo de partes que permita poner fin al procedimiento sin llegar a pronunciar una sentencia.
Al mismo tiempo que en los pasillos judiciales se criticaba la postura procesal de la Corte de Justicia y se señalaba su inexplicable desobediencia al juez Rodríguez Pipino como «un mal ejemplo» para toda la profesión judicial, se comentaba que cuatro organizaciones anticorrupción del país se han presentado al juicio de amparo como amicus curiae. Si bien esta información no ha podido ser corroborada en fuentes oficiales, se habla que en apoyo a la pretensión de los demandantes han remitido escritos al juez las organizaciones Poder Ciudadano (capítulo argentino de Transparencia Internacional), ACIJ (de Buenos Aires), FUNDEPS (de Córdoba) y CLADH (de Mendoza).
La clamorosa espantada de la Corte de Justicia se produce el mismo día en que el juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Salta, señor Marcelo Ramón Domínguez, ha revelado, durante una entrevista por radio, la cuantía y composición de su sueldo (261.177 pesos argentinos en junio de 2020). El magistrado ha facilitado voluntariamente y sin requerimiento previo una información que la Corte de Justicia de Salta se ha venido negando en redondo a suministrar, subrayando -Domínguez- que por un imperativo de transparencia republicana, todos los empleados del Estado, cualquiera sea su nivel o jerarquía, están obligados a dar a conocer lo que perciben del erario.
En los pasillos de la Ciudad Judicial, mientras se aplaudía la espontánea decisión de Domínguez, injustamente vapuleado ayer en las redes sociales por la filtración de una nota interna, se criticaba que los más altos jueces de la Provincia se hubieran colocado por encima de la ley, negándose a que sus facultades meramente administrativas sean revisadas por un juez inferior, como habitualmente sucede con cualquier órgano administrativo del Estado.