Arancibia se ha centrado en la muy inusual publicación en un diario de la ciudad de Salta de declaraciones de los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Rivero, responsables de defender el interés público en la causa que instruye la jueza Mónica Mukdsi, con arreglo a las normas del Código Procesal Penal anterior al vigente.
Para el letrado de la familia, las declaraciones de los fiscales constituyen «un acto totalmente imprudente». Ramos Ossorio y Rivero han incurrido -según Arancibia- en una «actitud incorrecta, al hacer manifestaciones públicas, sin haberse comprobando una serie de investigaciones importantes que restan por hacer».
El letrado ha destacado que tras ocho años de búsqueda de la verdad por parte de la familia, y después de haber deambulado todo este tiempo en búsqueda de una respuesta de parte del sistema judicial, los afectados no la han encontrado.
Antes al contrario, la familia se ha encontrado, de golpe, con unas declaraciones fiscales, efectuadas públicamente pero fuera de cualquier contexto serio. Para Arancibia, los fiscales Ramos Ossorio y Rivero «deberían haber efectuado sus especulaciones sobre los hechos ante la jueza y ante la familia y no mediáticamente».
Para el letrado, no fueron declaraciones, ni éticamente, ni profesionalmente adecuadas. «La indignación de la familia ante esta conducta imprudente consistente en la anticipación de la opinión de los fiscales ha terminado por romper un hilo muy delgado». Han sido -según Arancibia- ocho largos años de dolor, de injusticia y de manoseo.
En cuanto al contenido de las declaraciones de Ramos Ossorio y Rivero, Arancibia ha dicho sin dudar que lo que han hecho es «salir a defender a un sospechoso», cuando en realidad y en homenaje a la verdad «lo que deberían haber hecho es tomar los recaudos para la causa».