El responsable de esta ejemplar condena es el magistrado don Maximiliano Troyano Chavarría, miembro de la Sala IV del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta.
La misma sentencia condena a dos años de prisión de ejecución condicional a los ciudadanos Mauricio Nicolás Heredia (28), José Esteban Mendieta y el multifacético Elio Antonio Matías Guzmán (que la justicia no sabe si es ese su nombre o los de Juan Antonio Bortoni o Elías Matías Guzmán o Juan Antonio Matías Guzmán. Todos ellos fueron hallados culpables de un delito encubrimiento, en relación con el mismo hecho que motivó la condena de Chiva Aylán. Algunos de ellos, con otros asuntos en sus mochilas, deberán seguir presos. El resto cumplirá su condena en libertad, sujeta a reglas de conducta.
Según el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, en el mes de agosto de 2018, Aylán se encontraba junto a otros tres detenidos en una de esas muy seguras celdas del subsuelo de la Alcaidía General de la Ciudad Judicial, a la espera de ser trasladados para el cumplimiento de diferentes trámites procesales, que por lo que se ve no eran simplemente pagar la boleta del gas en un Rapipago.
En la misma celda se encontraba, para desgracia suya, el señor R. W. M., quien en un acto de manifiesta irresponsabilidad, le confió a sus compañeros de celda que se encontraba detenido por el delito de abuso sexual. Al enterarse de esto, Chiva Aylán se bajó los lienzos y -según dice el parte judicial- «con ayuda de los otros tres sujetos», abusó sexualmente del ingenuo R. W. M.
Ahora bien, no se conoce el motivo por el cual los otros tres detenidos, si sujetaron a la víctima para facilitar que Chiva Aylán consumara sus aviesos propósitos, han resultado condenados por «encubrimiento» y no como partícipes necesarios de la violación.
Otra medida insólita es que el juez en su sentencia haya recomendado al director del Servicio Penitenciario que se someta a los condenados a «tratamiento psicoterapéutico», por la peculiar (y nunca mejor dicho) naturaleza del hecho por el cual resultaron condenados. Es decir, lo que ha mandado el juez Troyano es a curarle la homosexualidad a un preso. Nada menos.
Entre tanto, Chiva deberá dejarse hisopear a fondo por un experto del CIF que le extraerá -todavía no se sabe de dónde- muestras de ADN para que su cadena helicoidal integre el ya nutrido banco de datos genéticos de delincuentes sexuales de Salta, en donde hay abiertas más cuentas que en el Banco Macro.