Hoy día 24 de enero se conmemora el Día de la Abogacía Amenazada o Día Mundial del Abogado en Peligro, actividad a la que se unen una multitud de colegios y asociaciones de la abogacía, de representantes de la sociedad civil y abogados y abogadas de todo el mundo.
De acuerdo con los documentos oficiales, el objetivo de la institución de este día es el de llamar la atención de la sociedad civil y de las autoridades públicas sobre la situación de los abogados en un país o territorio determinado, con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre las amenazas a las que se enfrentan los abogados en el ejercicio de su profesión.
Este año, el país elegido ha sido Pakistán, en el que se ejerce la violencia selectiva contra los abogados y abogadas, tanto los defensores de los derechos humanos como otros actores legales (jueces, abogados…) que son acusados de blasfemia por el mero hecho de ejercer su profesión o luchar por su independencia y el Estado de Derecho.
Según el índice que publica el Mecanismo de la Unión Europea para la Protección de Personas Defensoras, a partir de las denuncias y acciones de apoyo emprendidas por las entidades que lo integran, desde el 2016 han sido emitidas 36 alertas relacionadas con Pakistán. Entre ellas destacan las amenazas basadas en la acusación de blasfemia y las amenazas relacionadas en casos de terrorismo. Además, en caso de absolución y liberación de las personas procesadas, éstas son objeto de amenazas de muerte y corren el riesgo de ser víctimas de la justicia callejera. Desde 1990, más de 65 personas (entre ellos muchos abogados y jueces) han sido linchadas o asesinadas en Pakistán, según el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad de Islamabad.
En España, el Consejo General de la Abogacía y el Observatorio de la Abogacía en Riesgo han efectuado un llamamiento para que todos los colegios profesionales y todos los abogadas y abogados den visibilidad a este problema y se solidaricen con la situación de los abogados y abogadas en Pakistán y pidan a las autoridades pakistaníes que aseguren el derecho de los letrados investigados o acusados a acceder a una defensa profesional y una tutela judicial efectiva, a ser respetada su integridad personal y a adoptar las medidas necesarias para poner fin a todo hostigamiento.