En el segundo párrafo de su escrito, Arancibia niega enfáticamente que él hubiera lanzado lo que Cornejo llama «un raid mediático» para instalar en la opinión pública «una falsía».
Al parecer, la referida «falsía» de Arancibia no deja dormir a Cornejo, y es por tal motivo que el Procurador General se ha dirigido al juez y a todos los medios de comunicación que figuran en la abultada agenda de su jefa de prensa para lanzar un «contrarraid mediático» y denunciar, con el mismo lenguaje que Artidorio Cresseri utilizó en su famosa zamba, la supuesta falta de apego de Arancibia a la verdad procesal.
Bien visto, el escrito de Cornejo al juez Martínez es un sofisticado ejercicio de censura y de castración de la libertad, dirigido no tanto contra el derecho del letrado a expresarse libremente en ejercicio del derecho de defensa de su cliente, sino más bien contra la libertad de los medios de comunicación de publicar las noticias que esos mismos medios (no el Procurador General) consideren de interés para el común de las gentes, sin injerencia ni control de las autoridades públicas.
La artillería verbal del Ministerio Fiscal salteño viene a atribuir al letrado Arancibia unas influencias extraordinarias sobre la prensa, que hoy por hoy solo tiene en Salta el Procurador General de la Provincia, para quien basta con apretar un botón para que sus opiniones se disparen en todas las direcciones. Pensar y escribir que Arancibia maneja la prensa a su antojo es en el fondo un insulto a la autonomía y madurez de los medios de comunicación de Salta, que publican las noticias que creen conveniente publicar y no las que les imponen personas ajenas a la profesión.
Cornejo viene a decir: «Aquí se publica sólo lo que yo digo. Lo que digan los demás no tiene ningún valor». Y al decirlo, vuelve a confundir su autoridad como magistrado con la autoridad pretendidamente irrebatible de su opinión personal o profesional, una facultad que la Constitución de Salta no le otorga en absoluto. Quien ha calificado a su contradictor de «fascista» parece que antes de encontrar este vocablo insultante para enervar argumentos que considera intolerables se ha dado una vuelta alrededor de sí mismo.
Pero como en casos como este no hay dos verdades sino una sola, lo cierto es que el esfuerzo de «comunicación de los actos de gobierno» por parte del Ministerio Fiscal no ha logrado rebatir adecuadamente la certeza, por ahora inconmovible, de que en fecha 18 de diciembre pasado el juez Martínez, con un lenguaje ciertamente diplomático pero no exento de contundencia, envió un sonoro tatequieto a Torres Rubelt, a Salinas Odorisio y al mismísimo Cornejo, proveyendo de conformidad una petición de Arancibia para que los fiscales se ajusten al artículo 263 del Código Procesal Penal de Salta y cesen de dar información (verdadera o falsa) sobre el caso Jimena Salas y de atribuir responsabilidades y culpabilidades antes de que se produzca la remisión de la causa a juicio oral.
La providencia existe y los fiscales deben cumplirla, por más que Artidorio -un siglo después- siga «delirando por la falsía» y lamentándose de que haya una «imagen que lo persigue».
