Según la información oficial, los señores Torres y Ramallo, «desde el conocimiento íntimo de la institución» han planteado a los altos jueces de Salta la necesidad de reflexionar sobre la ética judicial, «como camino para combatir la falta de legitimidad que sufren nuestras organizaciones democráticas en épocas de la posverdad, flagelo del cual la Justicia no es ajena».
En la misma línea, la información oficial señala que, a nivel general, existe una marcada disminución de confianza en las funciones a que son llamadas las instituciones sociales. Éstas, como entes abstractos ideales, están representadas por las personas que las integran, y sobre las cuales recae el descrédito de la comunidad.
El curso en sí tiene como contenidos generales más destacados las nociones filosóficas de ética, de deontología y moral, así como la relación entre el derecho y la ética y la ética judicial en particular. En este último punto, destaca el aprendizaje por parte de los empleados de los principios del denominado Código Iberoamericano de Ética Judicial, cuya adhesión en Salta no se ha realizado por ley de la Legislatura, como sería de esperar, sino por un simple acuerdo de los jueces de la Corte de Justicia.
Según la información oficial, el curso consigue, a través del intercambio de experiencias, proyección de videos disparadores, brainstorming y debates, «instalar» la idea de la ética judicial como marco general y guía de la conducta laboral diaria, reforzando el objeto inicial: recuperar la legitimidad de la institución judicial, desde el comportamiento ético de sus integrantes.
Es de lamentar, en cualquier caso, que el carácter obligatorio del curso sobre ética judicial alcance solamente a los empleados judiciales y no a los altos jueces de la Provincia, quienes probablemente sean los más necesitados de este tipo de conocimientos para su diaria tarea.