El Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo Castellanos, ha resuelto tirar nuevamente de autoridad y, sin reparar en el daño que sus decisiones pueden ocasionar a la institución que dirige y al prestigio de los profesionales que la integran, ha reemplazado a los fiscales que hace solo unos días él mismo había designado para instruir el endiablado asunto del asesinato de Jimena Salas. Si un mes atrás los encargados de la instrucción eran los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix, hace dos semanas los designados por Cornejo fueron los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Rivero, presentados por su jefe como los seguros enmendadores de los errores técnicos y procesales de sus defenestrados antecesores.
Hoy se ha sabido, sin embargo, que los dos últimos fiscales no han dado la talla (entendida esta como la sintonía de los instructores con los criterios y las hipótesis del Procurador General) y, sin traslados ni sumarios por el momento, han sido reemplazados por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt.
En resumen, seis fiscales en solo dos semanas para el mismo asunto y el único avance en la cruzada exprés por la verdad jurídica objetiva desatada por el procurador Cornejo ha sido la detención de un hombre al que se ha señalado como asesino a sueldo, sin que se sepa quién podría haberle hecho semejante encomienda.
La impresión que se palpa en la Ciudad Judicial de Salta es que Cornejo busca -desesperadamente, como ha dicho la hermana del sospechoso detenido- una pareja de fiscales que compre y lleve a la práctica su teoría, que supone, de entrada, una disociación entre la autoría material de la muerte y la decisión de llevarla a efecto.
En los mentideros judiciales se afirma que el Procurador General está seguro de que Jimena Salas fue ultimada por encargo de una persona de su entorno más cercano y que la motivación del crimen está relacionada con la violencia machista. Pero detener al brazo ejecutor sin decir una sola palabra del criminal mastermind, que permanece campando a sus anchas, se antoja ilógico; a menos, claro está, que el presunto sicario haya sido detenido para que mediante una confesión más o menos espontánea se consiga incriminar a ese miembro del entorno cercano de la víctima al que el Procurador General quiere ver entre rejas cuanto antes.
Si Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix debieron abandonar apresuradamente su responsabilidad en el caso por el amesetamiento del proceso penal (en palabras del propio Cornejo), a Ramos Ossorio y Pablo Rivero no se le ha dado ni la más mínima oportunidd de demostrar su mayor idoneidad, o, al contrario, su capacidad para volver a amesetar lo que ya venía amesetado. Cornejo también los ha despedido con cajas destempladas, argumentando que no observaron algunas indicaciones que recibieron, lo que pone de manifiesto que en realidad quien lleva el peso de la investigación o reinvestigación del caso es el propio Cornejo, y que los fiscales de quita y pon que él designa y destituye a voluntad son -salvando las distancias- como los brazos ejecutores de su supreme justice mastermind.
En los mismos mentideros se comenta que, más que buscar la verdad, Cornejo persigue "su verdad", aunque esta no coincida con la realidad y aunque en el camino queden jirones del prestigio y la independencia de criterio de la profesión fiscal. Hay quien ha dicho que se trata de una cuestión de egos, y cuando el ego entra a tallar, el proceso penal y sus garantías se convierten en un mero adorno del amor propio de quienes quieren ver rápidamente satisfechos sus deseos y a cualquier precio.
El cambio y recambio de fiscales, como si se tratara del banquillo de suplentes de la selección de Scaloni, parece salido de una película americana de esas que relatan la historia de unos ambiciosos fiscales de distrito que buscan obsesivamente su reelección y, que, para alcanzar sus objetivos, no vacilan en recurrir a las peores artimañas. Alguien busca con denuedo que aparezca una pareja ideal al estilo de Starsky y Hutch pero hasta ahora no ha conseguido sino juntar a Laurel & Hardy.
El problema, desde luego, no son los egos ni las tentaciones políticas de los public prosecutors sino el hecho de que el asesino de Jimena Salas no aparece y su caso parece enredarse en una maraña de celos y contracelos fiscales que se tejen y destejen en una historia de nunca acabar.
Para mayor escarnio, el Procurador General ha dicho los otros días que sus muchachos están tocando el nervio del asunto y que hay intereses ocultos que intentan que la verdad no se sepa. Es deber del Procurador General identificar y señalar públicamente y sin dilación los intereses que -dice- están conspirando contra el hallazgo de la verdad, pues de otro modo se podría entender que la acusación de obstrucción a la justicia ha sido dirigida contra todos aquellos que no comulgan con las decisiones del señor Cornejo.
De ser así, nos encontraríamos frente a un escenario de inusitada gravedad, en el que desde una posición de poder se reivindica una infalibilidad cuasipontificia y se estigmatiza a los críticos colgándoles la etiqueta de potenciales colaboradores de los criminales, por el solo hecho de no aceptar el invariable acierto del pontífice.