Tras las elecciones celebradas recientemente entre los jueces, miembros del Ministerio Público y abogados colegiados, y las designaciones efectuadas por la Corte de Justicia, la conformación del consejo se ha completado con la nominación de los tres consejeros que le corresponde designar a la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial.
Si bien la información oficial del Poder Judicial dice que el Consejo de la Magistratura de Salta está integrado por 18 miembros, de acuerdo a lo que establece la ley provincial 7016, la verdad es que los consejeros son solo 9, ya que los suplentes (elegidos o designados) no integran el cuerpo sino en los casos taxativamente previstos en el último párrafo del artículo 2º de la citada ley.
La guinda del pastel la ha puesto la Cámara de Diputados de Salta, que una vez más ha pisoteado la Constitución provincial, al designar como consejeros a tres diputados inequívocamente alineados con el gobernador Urtubey, cuando la norma fundamental, en su artículo 157, manda a que la mayoría parlamentaria solo pueda nominar a dos representantes, reservando el tercero para la minoría, que en este caso ha sido claramente preterida.
Mucho más grave que esto, sin embargo, es el hecho de que, por primera vez en muchos años, la cámara baja salteña haya sentado en el Consejo de la Magistratura, como titulares, a tres diputados inexpertos y sin una formación jurídica acreditada, como es el caso de los señores Lucas Godoy, Baltasar Lara Gros y Ramón Villa.
El caso del diputado Godoy es bastante particular, no solamente porque su padre fue durante años miembro del mismo consejo (el hijo hereda así el cargo que ocupó su padre, y anteriormente ocuparon su hermana y su tío, como sucede en los mejores sistemas dinásticos que conocemos), sino porque ya en ocasiones anteriores, y frente a gravísimas acusaciones no comprobadas, el mismo diputado rápidamente buscó amparo en una jueza suplente a la que su padre debía evaluar y confirmar en su cargo como consejero de la Magistratura.
No menos llamativo es el caso del diputado provincial Lara Gros, hijo del urtubeysta Intendente Municipal de Orán, que con solo 32 años y sin experiencia ninguna, ni en la política ni en la justicia, será quien tome examen a los futuros magistrados de Salta.
A excepción de Graciela Abutt Carol y de Guillermo Adriano Polliotto (la primera, catedrática universitaria por concurso durante 14 años de Lógica Jurídica, y profesora de Filosofía del Derecho [2016] Feminismos Jurídicos [2018] y Cátedra Libre de Género [2015], y el segundo especialista en Derecho Procesal Penal y autor de varios libros), el resto de los consejeros que han prestado juramento esta mañana carecen de formación y de experiencia para desempeñar las cruciales funciones que la Constitución y la ley reservan al Consejo de la Magistratura.
De hecho, quien a partir de hoy preside el Consejo, es una persona con una experiencia judicial periférica e insignificante, sin estudios de posgrado acreditados, a lo que se debe sumar el hecho de que obtuvo su título de abogada casi a los 37 años, una edad a la que muchos letrados ya pueden presumir de una larga experiencia en los estrados judiciales.
En estas condiciones tan precarias, el nuevo Consejo de la Magistratura deberá convocar y resolver concursos de antecedentes y oposición, y deberá evaluar a los candidatos en base a lo previsto en su reglamento, sin que entre los evaluadores de ningún modo haya una mayoría de personas que acrediten una mínima cualificación para llevar a cabo esta crucial tarea, de sensible impacto en la vida social y democrática de Salta.
Pudiendo la Cámara de Diputados designar a tres representantes seleccionados cuidadosamente entre juristas o catedráticos de universidad de reconocido prestigio, los apetitos políticos han dictado que sean tres diputados (varones, todos ellos) los que se sienten en el Consejo. Algunos lo harán incluso después de que se produzca la expiración de sus mandatos como diputado provincial.
La situación -salvo las honrosas excepciones ya mencionadas- no puede ser peor de lo que es. Las instituciones de Salta han inaugurado la que probablemente sea la era más desgraciada del Consejo de la Magistratura, cuya reforma, en consonancia con la de todo el sistema judicial, parece hoy más imprescindible que nunca.