Según parece, no todos los curas españoles que ejercen funciones judiciales en la Iglesia Católica son amigos de barrer debajo de la alfombra y de ocultar los casos de abusos sexuales.
La agencia Europa Press ha informado este viernes, que el presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona, señor Santiago Buenovarios casos pasados en los que la Iglesia, en sus palabras, ha actuado mal: "No ha actuado de forma transparente".
Bueno ha atribuido la falta de transparencia a que a que "tampoco la sociedad lo quería, o porque las familias no se atrevían a hacerlo, o porque tenían miedo de que los menores resultaran aún más perjudicados, y evidentemente también por vergüenza".
"En los delitos de abusos a menores, la propia normativa dice que se tienen que poner también en manos de la justicia ordinaria; por tanto, no hay interpretación posible. No es que el obispo o el juez eclesiástico pueda decidir hacerlo no hacerlo, sino que está ordenado". Es que tiene que hacerlo.
Al ser preguntado el sacerdote si esta normativa eclesiástica se cumple efectivamente, ha respondido que hay que ver cada caso, y que "si no se hace, no se actúa correctamente".
La situación en la Diócesis catalana contrasta notablemente con lo que sucede en la de Salta, en donde el Juez Vicario Único del Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis -también español- se ha negado sistemáticamente a poner a disposición de la justicia ordinaria los documentos y prueba que la Iglesia había reunido en su proceso jurisdiccional, en un caso de supuestos abusos sexuales cometidos por un sacerdote.
El argumento esgrimido por el juez eclesiástico de Salta, repetido también por el propio Arzobispo, es el de que los documentos y pruebas obtenidos en Salta no le pertenecen a la Arquidiócesis local sino a la Congregación de la Doctrina de la Fe, con sede en Roma, y es a esta instancia a la que hay que pedirle los documentos y pruebas del caso.
Ni el juez ni el Arzobispo han reconocido en ningún momento haber actuado mal, con falta de transparencia, uo ocultado casos de pederastia en la Iglesia, lo que, a la vista del reconocimiento del Tribunal Eclesiástico de Barcelona suena ahora un poco extraño.
Si, efectivamente, no hay interpretación posible de la obligación que tiene la Iglesia de poner este tipo de casos en manos de la justicia ordinaria, cabe preguntarse si en Salta se obró con transparencia y espíritu de colaboración al dejar que un caso conocido por los sacerdotes y objeto de un proceso eclesiástico previo llegara recientemente a la justicia ordinaria por denuncia del particular ofendido y no por la sumisión a que está obligada la jurisdicción de la Iglesia.