La campaña proselitista nacional del gobernador Juan Manuel Urtubey, que, como ya todos saben, llega a cada rincón del país bajo la excusa de celebrar convenios fantasma sobre turismo que no aportan nada a la economía de Salta y sí mucho a su imagen personal, hubiera sufrido un serio retroceso si ayer la Sala II del Tribunal de Juicio enviaba a prisión a un exfuncionario suyo y a quienes fueron enjuiciados como presuntos secuaces suyos en una asociación ilícita.
Si hemos de creerle a Diego Nicolás Barreto, que los dos años que se vio privado de su libertad sin condena fueron una forma de venganza de Urtubey, se ha de admitir también que su libertad (la de Barreto), así como la de sus compañeros de infortunios, pende de un hilo.
Básicamente porque la condena que ayer eludió Barreto se debe no tanto a la poca entidad de las pruebas reunidas en su contra, como a un cálculo del poder, que estimó -con bastante acierto- que si Barreto era condenado en estos momentos tan especiales de la campaña emergería al fin un caso de corrupción en el gobierno de Urtubey. Es decir, lo haría justamente en el momento en que Urtubey está haciendo enormes esfuerzos (siempre con dinero de otro) por presentar a la Salta que gobierna como «la provincia perfecta» y a sus colaboradores como los Niños Cantores de Viena.
Pero esto no quiere decir, sin más, que pasada la campaña -sea que Urtubey tenga suerte en lo que se propone o no- la absolución de Barreto y los otros se convierta en dos o tres años en una condena a prisión firme, porque los jueces del benemérito Tribunal de Impugnación -ya se ha visto- pueden obrar maravillas jurídicas incluso más prodigiosas que esta.
La víctima de más renombre de esta perversa forma de ejercer la jurisdicción es, como de todos es sabido, el jardinero Santos Clemente Vera, absuelto en marzo de 2016 del crimen de las turistas francesas por dos de los jueces que ayer absolvieron a Barreto, y por los mismos motivos: la duda razonable.
Jueces como Eduardo Arias Nallar o Luciano Martini Bonari pueden encontrar culpabilidades contundentes donde otros, mucho más experimentados, solo han visto sombras difusas y no han hallado certezas. Como los haplotipos de Vera, que en su día fueron manipulados de una forma indecorosa e indigna para una sociedad que presume de un cierto nivel de civilización basado en la cultura jurídica.
No en vano, Barreto fue acusado de unos delitos más graves de todos los que define y reprime el Código Penal: el de asociación ilícita. Hasta que su absolución sea firme; es decir, que el Ministerio Fiscal renuncie de interponer contra el pronunciamiento de la Sala II del Tribunal de Juicio el temible y temido recurso de casación (que de casación no tiene más que el nombre), Barreto y sus compañeros acusados no podrán tener paz ni dormir tranquilos. Por esas cosas que tiene el procedimiento penal en Salta, en cualquier momento alguien puede revisar sin límite lógico ninguno las pruebas que Longarte, Ruiz y Montoya consideraron insuficientes, y los mismos hechos, sin variación ninguna, que han dado pie a una absolución por la duda pueden constituir la base de una condena feroz.
Después, puede que llegue el turno de la Corte de Justicia, que no verá ninguna irregularidad en condenar a un reo que fue absuelto en la primera instancia en base a un expediente idéntico, sin escucharlo, sin convocar a nuevo juicio, sin reproducir en la instancia el debate procesal y reinterpretando a gusto y paladar todas las pruebas, incluso las que han sido muy correctamente valoradas por el Tribunal de Juicio.
Quizá, si el sueño del barrilete cósmico de Urtubey se queda -como muchos esperan- enredado en los cables del tenido eléctrico, Barreto vuelva a verse entre rejas mucho antes de lo previsto, y todo porque en Salta la seguridad jurídica en torno a la libertad personal tiene un nombre, algo pomposo pero en realidad de muy poca monta: el de Tribunal de Impugnación.