El servicio de prensa del Poder Judicial de Salta ha vuelto a sorprender a las redacciones vespertinas con el anuncio de la venta, en pública subasta, de 35 equinos [sic] que fueron decomisados en diferentes causas penales.
De esta información llama la atención en primer lugar que no se indique a los posibles compradores de qué especies de equinos se trata, pues como bien es sabido, además de los caballos, pertenecen también a este género zoológico los asnos y las cebras. Tal vez haya en Salta cebras en situación de decomiso penal, y de ser así, sería muy interesante que los potenciales adquirentes estuvieran al tanto. Sobre todo, si los adquirentes son leones.
El segundo elemento llamativo de la noticia es la cantidad de equinos que salen a la venta y las razones por las que se los realiza, con la misma técnica que se emplea para reducir las motos viejas que solo sirven para el despiece. ¿Ocurrirá lo mismo con los animales?
El caso es que, según el artículo 23 del Código Penal argentino la pena de decomiso se aplica automáticamente cuando recae condena judicial por alguno de los delitos previstos en el propio código o en las leyes penales especiales. De acuerdo con la ley, las condenas penales conllevan el decomiso de: 1) las cosas que han servido para cometer el hecho y 2) las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito.
Aunque la información judicial no aclara en calidad de qué fueron decomisados los equinos (si como herramienta delictiva o como producto o provecho del ilícito), se debe tener en cuenta que en virtud de lo que dispone el artículo 30 del mismo código, el autor del delito debe reparar el perjuicio causado, y si lo que ha hecho -por ejemplo- ha sido robar un caballo, no cabe el decomiso, porque lo que tiene que hacer el delincuente es devolverlo a su dueño. Esta situación impide, lógicamente, que el animal salga a subasta judicial.
En consecuencia, solo cabe pensar que los 35 equinos decomisados han sido sacados de la circulación por haber servido para cometer el hecho ilícito, lo cual invita a pensar que en Salta existe una delincuencia montada muy importante, como la que había en el lejano oeste, o incluso más importante.
Conviene que nos detengamos un momento en este último dato, pues si tenemos en cuenta que en el mundo la delincuencia organizada está utilizando sofisticadas herramientas tecnológicas, el hecho de que en Salta se sigan usando caballos para cometer fechorías nos está diciendo que vivimos en una sociedad muy pobre o muy atrasada, y que quizá en algunas localidades haya incluso hasta malones.
Lo que no se entiende muy bien es que el Poder Judicial quiera hacer caja con los caballos, cuando bien podría disponer que los mismos fuesen destinados a fines solidarios, al servicio público o al cuidado de asociaciones protectoras de animales. La información judicial da a entender que cualquiera -incluido los matarifes- pueden pujar en la subasta equina y no hay norma -al menos en esta instancia- que prevenga que los animales terminen en la parrilla o como relleno de embutidos.
Es decir, que mientras por un lado los jueces se felicitan entre ellos de sus periódicos expurgos como medida amistosa con el medio ambiente, por el otro no tienen empacho en mandar a 35 animales al matadero, sin asegurarse por ningún medio admisible en Derecho que sus adquirentes no los someterán a malos tratos o les darán un destino inadecuado.
Antes de dictar complejas acordadas equinas, los jueces de la Corte deberían preguntarse seriamente por qué motivo se utilizan tantos caballos para cometer tantos delitos, y, en vez de acelerar los procesos para su venta, deberían actuar en una dirección preventiva, para evitar que animales tan nobles sean usados para fines tan poco respetuosos con la ley.
Tal vez, la venta en pública subasta sea una forma de celebrar con cierto retraso el reciente solsticio de invierno, que un diario local -nulo en astronomía- publicó como equinoccio.
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