Los jueces que integran la Sala III del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta, señores Eduardo Barrionuevo y Pablo Mariño, han desestimado los recursos de casación interpuestos por los ciudadanos Hugo Agustín Valenzuela, Sergio Rafael Gudiño, Marta Elena Tassano, Héctor Dardo Cáceres y Dante Roque Vázquez, condenados en su día por estafa y asociación ilícita por el Tribunal de Juicio.
La resolución del Tribunal de Impugnación ordena el ingreso en prisión de Valenzuela, Tassano y Cáceres, quienes a pesar de la condena pronunciada en primera instancia se hallaban aún en libertad.
El portavoz de prensa del Poder Judicial salteño recuerda que las magistradas Norma Beatriz Vera, Ana Silvia Acosta y Tatiana Dip Torres, integrantes del tribunal juzgador, condenaron en su día a Dante Roque Vázquez a la pena de siete años de prisión por ser coautor de dos delitos de asociación ilícita en carácter de organizador y estafa; a Hugo Agustín Adalberto Valenzuela a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el tiempo de la condena por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de integrante, y a Marta Elena Tassano, a la pena de tres años y dos meses de prisión por resultar coautora del mismo delito.
Por su parte, Sergio Rafael Gudiño había sido condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por resultar coautor material y penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de integrante y estafa, mientras que Héctor Dardo Cáceres había sido condenado a tres años y seis meses de prisión por los mismos delitos.
Según la información oficial, los señores Barrionuevo y Mariño han dicho que la sentencia objeto del recurso resulta ajustada a derecho, ya que la misma condena a los causantes por los hechos cometidos, que además han sido bien calificados jurídicamente. Los magistrados han considerado asimismo que los fundamentos en que se basa la condena son suficientes para tener por culpables a los acusados.
En el mismo juicio habían sido condenados también Víctor Hugo Juárez Ortiz, Roberto Oscar Panelo, Daniel Alejandro Jáuregui, Clemencia Vicenta Rodríguez y Leonardo Fabio De Singlau, a quienes el tribunal declaró coautores del delito de asociación ilícita en carácter de integrantes.
La actividad delictiva de los condenados salió a la luz tras la denuncia de Jorge Adolfo Martorell, quien a finales del año 2012 fue alertado por vecinos acerca del ingreso de personas en un inmueble suyo ubicado en la zona céntrica, previa rotura de tres candados. El denunciante llegó al lugar acompañado de efectivos del Servicio de Emergencias 911 y se procedió a la demora de las personas que se encontraban en el interior de la casa. Los intrusos adujeron en aquel momento que habían comprado la propiedad.
Las investigaciones judiciales pudieron de manifiesto que los acusados habían iniciado un juicio sucesorio en Neuquén mediante la presentación de un certificado de defunción apócrifo de Martorell. Tras obtener su declaración judicial como hedereros del falso difunto, realizaron operaciones de compraventa simuladas del inmueble.
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