La decisión de la Corte de Justicia de Salta de admitir a trámite las dos demandas de acción popular de inconstitucionalidad cuyo objeto es borrar del texto del artículo 156 de la Constitución de Salta el límite de seis años al mandato de los jueces de ese mismo tribunal, ha encendido las luces de alerta, no solo entre los principales operadores jurídicos de la Provincia sino también en el mundo político.
Diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Salta han reaccionado frente a esta decisión por entender que, antes que imprimirle el trámite legalmente previsto, la Corte debió haber pronunciado su inmediata inadmisión a limine litis.
Pero la insatisfacción de los legisladores ha adoptado una nueva forma y un nuevo tono en las últimas horas, pues la irregular designación de los jueces del Tribunal de Impugnación como jueces de reemplazo tras la abstención de los miembros habituales de la Corte ha desatado una pequeña tormenta que amenaza con hacer subir el tono de la disputa institucional.
El diputado provincial Héctor Chibán ha apuntado directamente y sin hacer concesiones al presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, a quien ha señalado como el máximo responsable de la operación que pretende enmendar la Constitución Provincial mediante un procedimiento que está reservado para el control de la constitucionalidad de normas jurídicas inferiores a la propia Constitución.
Para el legislador, Catalano está escribiendo «una de las historias más negras de la institucionalidad de Salta», aunque no ha aclarado si la pluma judicial ha empezado a descargar tinta con el intento de reformar la Constitución en su propio beneficio o mucho antes, cuando, a menos de dos meses de haber asumido su cargo de presidente de la Corte y a la salida de una larga y tediosa feria judicial de verano, el mismo presidente que ahora quiere que su cargo sea declarado vitalicio por unos subordinados suyos (con o sin un nuevo acuerdo) utilizó su influencia para conseguir la condena a cadena perpetua en segunda instancia, después de una absolución, del ciudadano Santos Clemente Vera.
La condena de Vera está considerada fuera del país como un valiosísima contribución de la corporación judicial al blindaje del poder político provincial y, en especial, de la figura del gobernador Juan Manuel Urtubey, cuya imagen exterior había sufrido un enorme deterioro tras conocerse que su gobierno -más concretamente su entonces Secretario de Seguridad- presionó a policías y a jueces para direccionar la investigación judicial y encontrar y condenar a presuntos culpables del crimen de las turistas francesas, ocurrido en Salta en julio de 2011.
Pero los radicales salteños no parecen conformes con denunciar las irregularidades del proceso de la acción popular de inconstitucionalidad sino que advierten que es necesario detener esta maquinaria, porque de lo contrario la única salida para restaurar el orden jurídico alterado es el juicio político.
Aunque no han hecho nombres, los radicales han dejado entrever que el primero que será acusado ante el Senado por mal desempeño y violación de los deberes a su cargo será el presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano, pero fuentes cercanas a la Cámara de Diputados de la Provincia confirman que la petición de destitución se extenderá, de ser necesario, a los jueces de reemplazo que acepten el encargo de juzgar la inconstitucionalidad de la propia Constitución, sin atenerse a los propios precedentes doctrinales de la Corte y sin observar las prescripciones legales en la materia.
Las advertencias políticas de los legisladores radicales pasan por ser las primeras reacciones institucionales de cierto peso frente al intento de algunos jueces de vincular la independencia de la función judicial con el desempeño de sus cargos sin límites temporales. Solo hasta ayer, las reacciones a la iniciativa habían tenido un contenido técnico o doctrinal, que, si bien contribuyeron a poner de manifiesto la llamativa debilidad de los argumentos de los defensores de la reforma constitucional sui generis que se proponen acometer los jueces (golpe de Estado judicial, lo han llamado otros), no habían alcanzando el nivel de gravedad y de concreción que ahora se ha puesto de manifiesto con la dura postura de los radicales.
El elevado tono del debate ha puesto sobre el tapete una realidad hasta ahora soterrada: la de los extraordinariamente amplios poderes constitucionales y legales de que está investida la Corte de Justicia de Salta, unos poderes que se ejercen sin controles y que -a juicio de los radicales- cuando coinciden con personas con incontenibles apetitos de poder y sin diques morales aparentes, conducen a resultados catastróficos para el equilibrio de las instituciones democráticas.
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