
Si bien el ministerio a cargo de la señora Calletti se ha encargado de decir, por activa y por pasiva, que carece de influencia ninguna sobre los mecanismos judiciales -especialmente en casos de aguda resonancia pública- en el caso del joven hincha la cosa parece diferente, pues el gobierno habla aquí de un muy respetable despliegue de medios y recursos en el marco de un programa gubernamental que se denomina de Orientación y Asistencia Jurídica a Víctimas y Familiares de Delitos Graves.
La comunicación oficial aprovecha para destacar que la familia del joven García se ha mostrado plenamente satisfecha con el «trabajo articulado» entre las distintas «reparticiones» del gobierno provincial. Esta satisfacción ha sido expresada por la familia en el curso de una reunión en la que estuvieron presente la ministra Calletti y su Secretaria de Justicia, Carolina Geist. La comunicación del gobierno dice que las funcionarias y los familiares del joven agredido «dialogaron sobre la causa y en relación a los difíciles momentos que atraviesan desde aquel enero de 2014».
Para todo el mundo
El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia no solo ha asegurado que la familia García contará con el apoyo del gobierno durante la celebración del juicio que comenzará mañana, sino que ha puesto sus servicios de «ayuda y acompañamiento» a todas las personas que requieran orientación y asistencia por causas de delitos graves.Estas personas pueden contactarse, si lo desean, con el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, al teléfono (387)4329208 Int. 21; mediante correo electrónico a la dirección
La comunicación concluye diciendo que un equipo de profesionales trabaja acompañando a las personas que lo requieran, brindando asesoramiento jurídico, realizando las derivaciones que fueran necesarias para la contención de las víctimas y sus familiares. Desde allí también se deriva la realización de tratamientos psicoterapéuticos, adecuados a la edad, al tipo de delito sufrido y situación social económica y familiar, mediante articulación con los organismos públicos pertinentes.