
La declaración indagatoria de Romero ha sido acordada por el juez en una causa -conocida como Boroquímica o Baradero- en la que también se encuentran imputados los ciudadanos Alberto R. Sosa, Julio César Palombini, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar y María Cecilia Pérez de la Fuente, y en la que se investigan los delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.
A instancias del Ministerio Público Fiscal, la justicia provincial investiga una maniobra presuntamente fraudulenta consistente en la compra por Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, que depende del gobierno provincial, de unos terrenos ubicados al sur de la ciudad, entre los barrios Bancario y San Carlos, terrenos que se encontraban entonces (y se encuentran ahora) contaminados por boro, y que habían sido adquiridos por un particular a un precio sustantivamente menor, pocos días antes de su venta al Estado.
En el requerimiento fiscal de instrucción se consigna que los funcionarios justificaron en su día la omisión del procedimiento legalmente previsto para la adquisición de suelo por parte del Estado en la necesidad de construir en forma urgente viviendas en dichos terrenos, a sabiendas de que el suelo no era apto para tal fin, debido a su elevado nivel de contaminación.