La inauguración de estas mejoras que -según Sáenz- «van a dignificar a muchas familias» se produce a pocas semanas de que se cumplan diez años del brutal asesinato, ocurrido en el mismo 'icono turístico', de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, torturadas, violadas y fusiladas en julio de 2011.
Desde que asumió su cargo en diciembre de 2019, Gustavo Sáenz (que cuando no era Gobernador se pronunció en privado y con vehemencia a favor de la investigación exhaustiva de estos crímenes, para hallar a los culpables y castigarlos como señala la ley) no ha dado ningún paso en dirección a la reapertura de la investigación, ni ha vuelto a tocar el tema públicamente.
Hoy, después de 15 meses en el cargo, Sáenz parece asumir que el lugar donde fueron hallados los cuerpos de las infortunadas visitantes extranjeras y en el que se levanta un monumento erigido a su memoria es más importante que el esclarecimiento de los crímenes que sacudieron a Salta en el invierno de 2011.
Durante la inauguración, Sáenz ha dicho que las obras en la Quebrada de San Lorenzo van a posibilitar que «las familias vivan de su trabajo», sin acordarse que una de las familias que se ganaba la vida en aquel entorno natural es la del jardinero Santos Clemente Vera, que fue condenado a cadena perpetua por un tribunal sospechoso de servir a los intereses del poder político y que lleva más de cinco años preso, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva sobre la nulidad de su condena, después de haber sido absuelto en el único juicio plenario y contradictorio al que se sometió.
Hoy, la desmembrada familia Vera ha sido arbitrariamente excluida por el gobernador Sáenz y por el intendente Saravia de la «postal de nuestra querida Quebrada de San Lorenzo».
Al decir Sáenz que «los salteños honramos nuestras deudas, establecemos reglas de juegos claras y trabajamos de manera conjunta» y que Salta es «una Provincia justa, equitativa y solidaria», ha pintado un cuadro engañoso, sobre todo para los inversores y visitantes extranjeros.
En un lugar como la Quebrada de San Lorenzo, al Gobernador de Salta le correspondía, antes que ensalzar a sus comprovincianos y hablar maravillas de sus supuestas cualidades, honrar la memoria de las dos mujeres asesinadas y ensayar un sonoro mea culpa por la ambigua (y en ocasiones malvada) actitud de los poderes públicos provinciales en el camino hacia el hallazgo de la verdad de los crímenes.
En un día como el de ayer (24 de marzo) en el que se exalta el valor de la verdad y de la memoria, ningún gobernante puede pensar en «poner en valor un icono turístico» pretendiendo echar un manto de olvido sobre sucesos horrendos que han ocurrido en el mismo lugar y que han truncado la vida de dos mujeres jóvenes e indefensas, inquietas y llenas de proyectos. ¿Qué pasaría si al gobierno se le diera por convertir también en icono turístico al descampado de Palomitas, sin decir una sola palabra de lo que allí ocurrió en aquel escalofriante invierno de 1976?
Sáenz y el intendente Saravia debieron asumir la deuda que tiene el pueblo de Salta (y especialmente su gobierno), no solo con los familiares y amigos de las fallecidas, sino con la verdad y con la memoria.